Cuba culpa a EE UU de las sentencias contra los disidentes
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, responsabilizó ayer directamente a la Administración de Bush, y específicamente al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, de los juicios y condenas de los 75 disidentes, a los que se ha considerado "mercenarios al servicio de Estados Unidos". "Nuestra paciencia se agotó por las actividades irresponsables de Cason. Él es el principal culpable" de lo sucedido, dijo Roque, durante una "intervención especial" en la Cancillería cubana.
El ministro aseguró que las autoridades de la isla fueron "tolerantes" hasta que Cason convirtió su residencia particular en centro de reunión y "puesto de mando" de "contrarrevolucionarios", a quienes les transmitió la creencia de que podían actuar con total impunidad. "Nos ha obligado a aplicar nuestras leyes, no ha quedado otra alternativa que responder", afirmó
Roque señaló que en estos días se han celebrado 29 juicios, en los cuales han sido condenados 75 personas a penas que oscilan entre los 6 y 28 años de cárcel. Afirmó que no era posible analizar lo ocurrido sin tener en cuenta el recrudecimiento de la política de hostilidad hacia Cuba de EE UU desde que George W. Bush llegó al poder. "Lo que está en juego hoy en Cuba es si un país pequeño puede ser libre e independiente al lado de la superpotencia hegemónica. Estamos lidiando", afirmó, "con la obsesión de EE UU de fabricar en Cuba una quinta columna, unos grupos de supuesta oposición que respondan a sus intereses anexionistas".
Roque afirmó que durante los juicios se habían respetado todas las garantías jurídicas y que los acusados pudieron ver a sus abogado y a preparar la defensa.
El ministro cubano criticó a la UE por su condena a los juicios. También consideró "extrañas" las declaraciones de condena de la ministra de Exteriores española, Ana Palacio. "El Gobierno español es el que menos debiera hablar de democracia, cuando ha metido a su país en una guerra contra la que se oponen el 91% de los españoles".
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