Schröder propone recortes y cambios en las ayudas sociales para reactivar la economía

Hundido en las encuestas por el incumplimiento de su promesa electoral de rebajar los impuestos y con una economía al borde de la recesión, el canciller alemán, Gerhard Schröder, anunció ayer en el Parlamento un paquete de medidas que afectan a un asunto tabú, el Estado de bienestar. Schröder propone recortes en la prestación de desempleo, el abaratamiento del despido y un plan de inversión de 15.000 millones de euros en créditos blandos para que los gobiernos regionales y locales impulsen el sector de la construcción. El canciller dijo que las medidas eran dolorosas, pero esenciales para salir de la crisis.

"Todas las fuerzas de la sociedad tendrán que contribuir: empresas y trabajadores, autónomos y pensionistas. Nadie podrá escapar", aseguró Schröder. "Tenemos que efectuar un esfuerzo masivo para lograr nuestro objetivo; y estoy seguro de que lo conseguiremos", dijo el canciller alemán, quien calificó su propuesta de "última oportunidad" para preparar a Alemania en la competencia de un mundo globalizado y conseguir que la mayor economía de la UE vuelva a ser competitiva.

Varios aspectos del plan anunciado son muy dolorosos, ya que suponen un giro radical en la línea tradicional del Partido Socialdemócrata (SPD). Aunque fue poco concreto en la reforma de las pensiones, la sanidad pública y el sistema de seguridad social (cofinanciado por empresas y trabajadores y que sitúa los costes laborales entre los más altos de Europa), sí adelantó recortes en la percepción por desempleo, cuyo periodo máximo de prestación se reduce de los 32 meses actuales a 12 para los menores de 55 años y a 18 para los que superen esta edad.

Schröder defendió esta medida -"que tampoco me gusta"- como un instrumento necesario para combatir el abuso de los sistemas sociales y para reducir los costes laborales. "Será necesario recortar prestaciones, pues ya suponen una carga demasiado alta para los jóvenes y acaban con nuestras perspectivas de futuro".

Aunque la firmeza del canciller contra la guerra está respaldada masivamente en las encuestas, y de ella se benefician sus compañeros de coalición, Los Verdes, Schröder no logra detener su constante pérdida de popularidad. El incumplimiento de varias promesas electorales y los 4,7 millones de parados registrados en febrero representan un lastre, por ahora, insalvable.

El plan de choque, anunciado ayer, no ayudará a detener esa impopularidad. La oposición democristiana le acusa de ocultar el calado de la reforma del Estado de bienestar; los sindicatos, de traicionar a los trabajadores, sobre los que recae todo el sacrificio, y en su propio partido han empezado a brotar las primeras críticas. Un diputado del ala izquierda del SPD dijo que las propuestas eran "un disparo dirigido a su propio electorado". Tampoco ha entusiasmado a los economistas, que aseguran que se quedan cortas, ni a la patronal.

Aunque Schröder criticó a los empresarios por incumplir el pacto de formación profesional de los jóvenes -el "70% de las empresas eluden esta responsabilidad social", dijo-, fue generoso con las pequeñas y medianas empresas, a las que calificó de pilares de la economía alemana y prometió facilitarles el acceso a líneas de crédito y flexibilizar las leyes del despido para incentivar las contrataciones.

Schröder destinará 13.000 millones de euros a los gobiernos regionales y locales para que se creen líneas de crédito blando que permitan reactivar la construcción, uno de los sectores clave.

En dos de los capítulos esenciales, Schröder fue evasivo. Dijo que la reforma de la Sanidad, que se encuentra en estudio, no pretende empeorar el catálogo de cobertura médica, pero sí introducir una mayor competencia entre los seguros, así como excluir de las prestaciones aquellas que no tienen que ver directamente con una terapia médica, como el subsidio por maternidad, que deberá ser pagado con impuestos. El objetivo declarado es reducir el gasto público en este capítulo del 14,3% al 13%.

En cuanto a la reforma del sistema de las pensiones, el canciller indicó que la comisión que está elaborando las reformas deberá ampliar los instrumentos de la financiación privada complementaria, que ya existe a título voluntario.