La Ley de Montes convertirá en 'policías' a los 6.000 agentes forestales dependientes de las autonomías

Los guardas forestales se convertirán en agentes de la autoridad y podrán intervenir como policía judicial en los asuntos derivados de la protección de los montes, según una enmienda aprobada por el Consejo Nacional de Bosques, que ayer concluyó la revisión del proyecto de Ley de Montes, tras cuatro días de debate.

La elevación de funciones a un colectivo que supera los 6.000 agentes en toda España era una vieja reclamación de los sindicatos y colectivos forestales. El traspaso de las competencias medioambientales a las autonomías les otorgó estatutos diferenciados y, como derivada, la inmovilidad laboral fuera de su ámbito autonómico. "Los sindicatos hemos defendido siempre el reconocimiento como agentes de la autoridad a los agentes forestales", recuerda Joaquín Nieto, responsable de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO y miembro del Consejo Nacional de Bosques.

Debido a la acelerada velocidad impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente a esta ley, los 60 consejeros y el equipo de la directora de Conservación de la Naturaleza, Inés González Doncel, se han visto obligados a debatir en cuatro días más de 1.200 alegaciones.

La más discutida ha sido la declaración demanial de los montes de titularidad pública, por lo que no se podrán ni vender ni embargar. Desde la desamortización, el 95% de los montes públicos (9 millones de hectáreas) es patrimonio municipal. Los ayuntamientos y algunas autonomías se resisten a esa declaración porque coartaría la potestad municipal de recalificar zonas forestales para poder edificar en ellas, según han reconocido algunos de sus representantes en el Consejo. Esta cuestión, que afecta a la filosofía de la ley, ha quedado pendiente para su debate en la revisión definitiva del proyecto de ley que hará el Consejo de Bosques el próximo día 20 y no se descarta que sea también motivo de discusión en el Consejo Nacional de Protección de la Naturaleza, donde las autonomías pondrán sobre la mesa los artículos que consideren inconstitucionales, ya que nueve de ellas cuentan con leyes propias. El subdirector de Montes, Íñigo Ascasíbar, confía en alcanzar un consenso y evitar así recursos ante el Constitucional.