Rusia no quiere testigos

La desconfianza hacia los extranjeros, con hondas raíces en Rusia, está ganando terreno de nuevo entre los dirigentes y burócratas de este país, que aún tienden a contemplar el mundo con los criterios de seguridad de la guerra fría y ven espías por todas partes. Al arraigo de estos hábitos contribuye la biografía de muchos de los actuales dirigentes rusos, que provienen de los servicios secretos.

El cese de las actividades de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en Chechenia y del Cuerpo de Paz de EE UU en territorio ruso, así como algunas declaraciones públicas, entre ellas las del ministro de Defensa y del jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB), son algunos ejemplos de un nuevo clima de desconfianza, que se está filtrando en la vida de Rusia. Responsables de organizaciones de carácter liberal, con amplios contactos en el extranjero, aseguran en privado que han comenzado a sentir la presión del SFS, cuyos agentes les visitan para interesarse por sus huéspedes internacionales.

Desde el pasado otoño, el ministerio del Interior ha sustituido al de Exteriores en la gestión de visados para los invitados de organizaciones rusas. Personas que han pasado por los nuevos trámites se quejan de que la transferencia está dificultando los viajes de sus huéspedes. "Para Rusia es mejor que no vengan", fue el comentario realizado por un funcionario de Interior cuando los organizadores de un seminario internacional le solicitaron visado para los ponentes occidentales del evento.

El domingo, los guardafronteras del aeropuerto internacional de Moscú impidieron la entrada en el país al conocido periodista alemán Günther Wallraff, que junto con el ex ministro de Trabajo de Alemania Norbert Blüm, y el jefe de la organización humanitaria Cap Anamur querían viajar a Chechenia para investigar la observancia de los derechos humanos. El motivo alegado por las autoridades rusas para no permitir la entrada a Wallraff fue que su visado no era de periodista, sino de turista, según la agencia Interfax.

La OSCE se ha visto obligada a cerrar su misión de seis personas en Chechenia después de que Rusia se negara a prolongar su mandato actual. Los dirigentes rusos querían que la misión en Chechenia se concentrara en la asistencia humanitaria y se mantuviera al margen de la política. El mandato de la OSCE en Chechenia contemplaba la posibilidad de participar en negociaciones y en el diálogo entre las partes en conflicto para reducir la tensión. La entidad, que ha comenzado ya a desmantelar su misión, fue clave en el proceso que concluyó en las elecciones de 1997. En aquellos comicios, Aslán Masjádov, hoy proscrito por el Kremlin, fue elegido presidente. Ahora los dirigentes rusos planean un referéndum para aprobar una Constitución en Chechenia, especie de estatuto autonómico. Moscú insiste en ello pese a la falta de condiciones de seguridad, según pudieron comprobar por sí mismos los miembros del Comité de Derechos Humanos del Presidente, Liudmila Alexéyeva y Svetlana Gánnushkina, que se salvaron de milagro de perecer en el atentado contra la sede del Gobierno de Grozni. La actitud de Moscú ante la OSCE parece responder a los deseos del Kremlin de reinterpretar algunos compromisos internacionales para eliminar o reducir las funciones de control político internacional asumidas en época de Yeltsin.

Moscú ha revisado también otros compromisos. A finales de 2002, Rusia anunció que suspendía el tratado con EE UU que permitía las actividades del Cuerpo de la Paz, alegando que las circunstancias actuales hacen innecesaria la ayuda de estos voluntarios norteamericanos. Antes, las autoridades rusas se habían negado a prolongar los visados de 30 miembros del Cuerpo de la Paz; el jefe del SFS, Nikolái Pátrushev, explicó que entre ellos había personas que recogían "información sobre la situación sociopolítica y económica, sobre funcionarios de la Administración y sus directivos, así como sobre las elecciones" en provincias.

La semana pasada el ministro de Defensa, Serguéi Ivanov, insinuó que tras la Unión de Comités de Madres de Soldados actúan servicios secretos extranjeros que tratan de socavar el Ejército ruso. La organización, que ayuda a los soldados a ejercer sus derechos y a defenderse contra la arbitrariedad de sus jefes, se financia con becas occidentales, pero, según la secretaria responsable, Valentina Mélnikov, tiene unas actividades transparentes y paga sus impuestos. También el presidente Vladímir Putin habría expresado su desconfianza hacia la "ayuda occidental" a Rusia, al asegurar en una ocasión que, en este campo, lo que existe son programas de los servicios secretos occidentales.