Cómo las FARC matan la libertad

Muchos colombianos niegan que en su país haya guerra civil, porque para eso, argumentan, haría falta que hubiera dos o más facciones frente a frente, cuando sólo una mínima parte de la ciudadanía respalda a las diferentes constelaciones subversivas: la guerrilla presuntamente marxista y con toda seguridad narcotraficante, las FARC que dirige Manuel Marulanda, con tres cuartos de siglo el jefe insurrecto más viejo del mundo, y los paramilitares, guardias blancas del antiguo latifundismo y hoy bandidos explotadores de la droga, que ahora dicen que quieren dejar el negocio. Pero es indiscutible que hay un tercer partido, el pueblo, que sólo quiere paz, y al que se somete a diario a la extorsión, el crimen y una práctica que traiciona el desprecio insurreccional por la nación: el secuestro. Más de 3.000 colombianos están hoy privados de libertad, la mayoría por las FARC.

En exigencia de la libertad de todos ellos y de la observancia por los subversivos de las normas más elementales del derecho humanitario recorren estos días España, después de haber visitado Francia e instancias de la UE en Bruselas, Sofía y Aníbal Gaviria, hermanos del gobernador de la provincia de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, ingeniero de 40 años, secuestrado por la tropa de Marulanda junto al comisionado de paz de la región y ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, el 21 de abril.

Marcha hacia Caicedo

Ambos encabezaban una marcha de 2.000 personas hacia Caicedo, a unos 120 kilómetros de la capital antioqueña, Medellín, para solidarizarse en nombre de la no violencia con los 8.000 habitantes de aquella localidad, que habían iniciado un movimiento de resistencia civil a todo tipo de maleantes disfrazados de salvapatrias.

Con pretextos torticeros, las FARC los indujeron a conversar y se quedó ese día con su libertad, valor de cambio indiscutible para el llamado canje. Personalidades como las citadas, a trocar por algunos de los centenares de guerrilleros que contemplan la lucha desde la barrera de las cárceles del Estado. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe no es frontalmente contrario a esa permuta, aunque presenta inconvenientes jurídicos en un país fuertemente prendado de una legalidad muchas veces tan enrevesada como inaplicable, que la ciudadanía, por su parte, no hace tampoco inauditos esfuerzos por cumplir. Pero, además, la guerrilla, muy poco interesada en el alivio humanitario de la guerra, quiere canje y humillación del Estado, escenificación operística en la jungla y taquígrafos para proclamarlo.Paralelamente, en París se ha originado una carta a la opinión pública internacional en protesta por el secuestro de Ingrid Betancourt, de doble nacionalidad colombiana y francesa, y candidata presidencial en las pasadas elecciones de mayo, en poder también de las FARC, desde el 23 de febrero. Los firmantes, que proclaman su intención de no inmiscuirse como extranjeros en los asuntos colombianos, denuncian la violación en el conflicto de los derechos humanos básicos, y, aún afirmando que en el país "las instituciones y la vida democrática siguen siendo deficientes", piden a la guerrilla "y a los otros grupos de lucha armada que liberen a todas las víctimas que permanecen secuestradas en Colombia". Entre los firmantes se hallan los franceses Regis Debray, Jean Lacouture y Elie Wiesel, el español Federico Mayor, los latinoamericanos Carlos Fuentes, Isabel Allende, Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Sábato y Miguel Ángel Estrella y los norteamericanos William Styron y Kurt Vonnegut.

Los hermanos Gaviria han obtenido del Gobierno francés que haga presente su inquietud y condena por la práctica del secuestro en el conflicto, y ellos serían los primeros sorprendidos si de España, a quien le toca por bastantes más sitios la intimidad de lo colombiano, no hiciera otro tanto. No sólo por el gobernador Gaviria y el comisionado Echeverri, por Betancourt o los que tienen más de una nacionalidad, sino por todos aquellos que sufren vejación en sus vidas por estar sometidas a injusto cautiverio.