Los terroristas atacan la fe en Colombia

Para las personas alrededor del mundo, la Iglesia es un refugio. Una institución de seguridad, respetada por su fe y consistencia en el servicio para todas las personas sin distinción de riqueza, pasado o educación. Como nosotros en Colombia -Gobierno y población por igual- trabajamos para crear una sociedad en donde haya seguridad para todos y una oportunidad para todos, la Iglesia en Colombia es un aliado vital. Es una de nuestras instituciones civiles más respetadas y efectivas y debe ser protegida como símbolo de la fe y esperanza de todos.

Pero Colombia se ve enfrentada a lo que parece ser un ataque directo contra la libertad religiosa, proporcionando una prueba irrefutable para la población colombiana y para la comunidad internacional, que los grupos terroristas armados en Colombia no tienen respeto por los derechos básicos y fundamentales que son el pilar de la humanidad y la democracia.

Hace tres semanas, las fuerzas militares, trabajando con la población colombiana, se anotaron una victoria contra el terrorismo al liberar al arzobispo Jiménez, el presidente de la Conferencia Latioamericana de Obispos, secuestrado el 10 de noviembre por terroristas de las FARC. Él es una de las 523 víctimas liberadas este año mediante operaciones contra el secuestro en Colombia. Sin embargo, este éxito objeto de celebración ocurrió en contraste con un desarrollo desconcertante y extraordinario en Colombia: en los últimos 10 meses ha ocurrido un incremento del 300% en la violencia contra los líderes religiosos: sólo durante este año 14 líderes religiosos han sido asesinados por estos tres grupos terroristas en Colombia, pero predominantemente las FARC.

Cuando se considera que en 40 años el número total de líderes religiosos asesinados es de 38, y luego se analiza que el 28% de ellos han sido asesinados este año, muestra la tendencia perturbadora del ataque contra la fe y la religión en Colombia. No podemos olvidar que el ataque terrorista más infame en la historia de Colombia ocurrió tan sólo hace seis meses, cuando las FARC lanzaron una bomba contra una iglesia en Bojayá llena

de civiles inocentes y tres sacerdotes. Sólo en ese ataque 119 personas fueron asesinadas, siendo la mayoría de ellos mujeres y niños.

¿Qué está haciendo el Gobierno colombiano para contrarrestar esta amenaza? Hemos instituido un programa de protección para los sacerdotes y para aquellos que se encuentren directamente amenazados y estamos trabajando a través de la Nueva Red de Cooperación Ciudadana, que se basa en consejos de la población; esta red fue un factor determinante que llevó a la liberación del arzobispo Jiménez y otros desde el inicio del programa, el 11 de agosto de 2002. Como ministra de Defensa, estoy trabajando con las Fuerzas Armadas para confrontar esta nueva amenaza contra los líderes religiosos y contra nuestros maestros, periodistas y sindicalistas, y trabajaremos para garantizar la seguridad y libertad de la religión en Colombia.

Como país, también necesitamos la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional. Las FARC y ELN, e incluso las AUC, han logrado explotar la neutralidad profesional de los diplomáticos y periodistas al pretender ofrecer una alternativa ideológica a la democracia en Colombia. Los ataques recientes contra la Iglesia no son errores aislados, sino una campaña fríamente calculada contra la libertad de culto en Colombia por mafias criminales disfrazadas de rebeldes.

Las redes de infraestructura y financieras de estas mafias son transnacionales; muchas de ellas utilizan cuantas bancarias en Europa y en Estados Unidos para negociar rescates, lavar dinero y adquirir armamento para llevar a cabo sus actos de terror. Es el momento de cerrar estas organizaciones criminales y sus redes y que la comunidad internacional trate a estos asesinos de sacerdotes como enemigos de la libertad y la humanidad, que es lo que realmente son.