El Gobierno pagará hasta 9.600 euros a presos del franquismo
Se requiere haber sufrido un mínimo de seis meses de privación de libertad por causas políticas
El Gobierno vasco compensará a quienes sufrieron privación de libertad durante el franquismo por motivos políticos con un máximo de hasta 9.600 euros por persona. El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer un decreto de la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales, cuyo titular, Javier Madrazo, los presentó en rueda de prensa en Bilbao, que establece una compensación económica para quienes no pudieron acceder a las indemnizaciones establecidas en su día por el Estado español.
Los requisitos para tener derecho a las ayudas son haber sufrido privación de libertad por un tiempo igual o superior a 6 meses en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración por alguno de los motivos recogidos en la Ley de Amnistía de 1977; tener 65 años cumplidos en la fecha de la entrada en vigor del decreto o cuando falleció, y estar empadronado en un municipio del País Vasco durante un año ininterrumpido antes de la entrada en vigor del decreto. En el caso de fallecimiento del beneficiario tendrán derecho a la indemnización su cónyuge o la persona con relación de convivencia análoga y sus hijos discapacitados.
La cuantía de las ayudas depende del tiempo de privación de libertad. Así, será de 7.200 euros en el caso de que el beneficiario sufriera de seis a doce meses de prisión, a los que se sumarán otros 600 euros por cada seis meses adicionales hasta un máximo de 9.600 euros. Estas cantidades son las más altas de las establecidas por las comunidades autónomas por los mismos conceptos. El máximo que se ha otorgado en Andalucía o Madrid ha sido de 9.015,18 euros. La consejería de Asuntos Sociales ha establecido una partida inicial de 3,6 millones de euros para estas ayudas, ampliable según las necesidades.
Los beneficiarios dispondrán de un plazo de dos meses desde la publicación del decreto para presentar sus solicitudes, en las que deberán acreditar el tiempo de privación de libertad y una resolución judicial o administrativa de aplicación de la Ley de Amnistía a los hechos que motivaron detención o condena.
"La sociedad vasca tiene una deuda de caracter ético, político y económico contraída con los luchadores por la libertad y la democracia que padecieron la represión franquista", señaló Madrazo. Añadió que en los próximos meses se anunciarán otras acciones de renocimiento a las víctimas del franquismo.
