La oposición califica de 'fraude' el trámite acelerado de la Ley de Calidad

PSOE, IU, PNV, CiU y Grupo Mixto protestaron ayer conjuntamente en el Congreso por el 'acelerado trámite al que está sometiendo el PP la Ley de Calidad' y calificaron el proceso de 'fraude a la Constitución'. Izquierda Unida, PNV y el Grupo Mixto dieron un paso más y plantaron a la Comisión de Educación en la que se debatía la ley, de la que se salieron al inicio de la sesión.

El texto de la ponencia del proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que debía debatir ayer la Comisión de Educación del Congreso, fue entregado a los grupos parlamentarios el martes por la tarde, aunque no era el definitivo. Ayer, a las nueve de la mañana, la hora a la que empezó la sesión de la comisión, algunos grupos, como el PNV o el Grupo Mixto, aún no conocían la versión definitiva de la ponencia. Otros, como el PSOE, la recibieron la noche anterior. Los grupos apenas han tenido día y medio para leer esta ponencia, que contiene 1.166 enmiendas.

El PP ha previsto además que la defensa y votación de todas las enmiendas finalice hoy con el fin de aprobar el texto definitivo en el Pleno del Congreso del próximo jueves.

Esta situación provocó ayer la rebelión de todos los grupos de la oposición y de CiU, que se unieron para criticar la 'forma autoritaria con la que el PP está actuando en el trámite parlamentario de esta ley, es un abuso de la mayoría absoluta asfixiante e intolerable', como dijo la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

El PP señaló ayer que con el trámite de esta ley 'se está cumpliendo el reglamento', según dijo su portavoz de Educación, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, quien recordó que el proyecto 'entró el 31 de julio en el Congreso, por lo que ha habido tiempo suficiente para debatirlo'. Según este portavoz, 'si no entra la ley en el Pleno del próximo jueves, se retrasaría 20 días, por lo que se tendría que enviar al Senado por trámite de urgencia'. Guerra añadió que el Gobierno 'tenía previsto, antes de que se convocaran movilizaciones contra la ley, que estuviera aprobada a finales de diciembre'.

El portavoz de Educación de CiU en la Cámara Baja, Ignasi Guardans, hizo una petición al PP 'de respeto al Parlamento y a la sociedad a la que representan todos los grupos parlamentarios'. Guardans dijo que el Gobierno 'ha faltado al respeto al trabajo democrático y no se puede decir que se ha pretendido llegar a un acuerdo cuando se actúa de esta manera'.

Ventana administrativa

Guardans dijo que, 'la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha confundido el trámite parlamentario con una ventanilla administrativa': 'Nuestro papel no es dar un marchamo a textos que pasan por aquí como por una ventanilla que hay entre el Consejo de Ministros y el BOE. Este trámite no es democrático, es un fraude a la Constitución'.

La diputada del PNV Margarita Uría también hizo hincapié en este aspecto y señaló que su grupo se plantea 'pedir amparo al Tribunal Constitucional por violación del artículo 23'. 'Se ha producido una obstrucción en el ejercicio de la labor parlamentaria y no se ha permitido que el debate se desarrolle en las condiciones adecuadas', dijo.

El PSOE ya ha recurrido diversos aspectos de la ley al Alto Tribunal y CiU se plantea también hacerlo 'por razones de fondo'. Izquierda Unida considera que el trámite parlamentario de la LOCE es 'una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía', señaló su portavoz de Educación, Marisa Castro. Este grupo va a participar en todas las movilizaciones contra esta ley -como el paro general de la educación convocado para el próximo martes- porque, según Castro, 'esas protestas son el reflejo del rechazo a la ley'.

También el PSOE apoya la huelga y CiU, aunque no la apoya, 'comprende muy bien que la forma de rechazar esta ley para algunos sea salir a la calle', añadió su portavoz.

Unas 40 organizaciones, sindicales, estudiantiles, de padres de alumnos, manifestaron ayer en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid su rechazo a la huelga educativa del 29-O. Todas ellas, entre las que se encuentran los sindicatos ANPE y CSIF, la asociación de padres católicos CONCAPA y las principales patronales de la educación manifestaron su apoyo a la Ley de Calidad.