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El PP logra aprobar su Ley de Educación con el único apoyo del grupo canario

CiU dice que la norma tiene ' fecha de caducidad', y el PSOE, que favorece la enseñanza privada

Tras un debate en el que los grupos de la oposición y CiU reiteraron sus quejas sobre la 'atropellada' tramitación de la ley en el Parlamento y sobre la mayoría de su contenido, el Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Calidad. El único apoyo que recibió el PP fue el de sus socios de Coalición Canaria. CiU y PNV resaltaron que la ley 'vacía de competencias a las comunidades', y los nacionalistas catalanes aseguraron que 'tiene fecha de caducidad', ya que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional y esperan que les dé la razón. El PSOE subrayó que esta ley favorece a los centros privados concertados, e IU recordó que es una ley 'aprobada sólo con la representación del 45% de los españoles'.

El proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) se aprobó con 182 votos a favor y 131 en contra y será remitido al Senado para su debate con la intención de que se apruebe definitivamente antes del 31 de diciembre, según ha declarado el PP. Se han admitido en el Congreso las 56 enmiendas presentadas por el PP más una veintena de otros grupos, sobre todo de Coalición Canaria, la última (una transaccional) se quedó descolgada en la votaciones en la comisión de educación y se aprobó ayer en el Pleno.

En la votación, no hubo abstenciones. Ningún grupo se ha callado durante los dos meses exactos -se presentó el 31 de julio, pero en agosto no hay sesiones parlamentarias- que ha durado el debate de esta ley en el Parlamento. Todos han dejado claras sus posiciones que han estado casi en todos los casos radicalmente a favor o en contra del proyecto de ley.

Esta norma modifica la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990; la Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG), de 1995, y la Ley de Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985. La LOCE no las deroga por lo que convivirán en España cuatro leyes orgánicas de educación no universitaria.

Para que se implanten los cambios previstos en la ley, el Gobierno tendrá que aprobar antes 'varias decenas' de decretos para desarrollarlos, tal y como recordó ayer la ministra de Educación, Pilar del Castillo, quien se felicitó por una reforma 'que tiene los objetivos de mejorar los conocimientos de los alumnos y contribuir a combatir el fracaso escolar'. La ministra respondió así a las acusaciones de los nacionalistas de invasión de competencias: 'El Consejo de Estado no observó ningún elemento que pueda ser no constitucional en materia competencial'.

No lo ve así CiU que hizo una dura crítica al 'amplio' desarrollo que deja pendiente la ley. El portavoz de Educación de CiU en la Cámara baja, Ignasi Guardans, denunció que uno de los aspectos 'más preocupantes es que incluye decenas y decenas de remisiones gratuitas a un desarrollo posterior con carácter básico' y que además 'una buena cantidad de él puede aprobarse por simple orden ministerial'.

Guardans puso algunos ejemplos de 'vacío de competencias autonómicas': 'La organización de la educación preescolar dependerá de lo que decida la norma básica y la del bachillerato podrá ser modificada por el Gobierno, ya que sólo hará falta un informe previo de las comunidades; la evaluación del profesorado (que es una competencia autonómica) se hará previo cumplimiento de los requisitos básicos que el Gobierno establezca, y se prohíbe la delegación de algunas funciones en los centros que hacen ahora las administraciones, con lo que se recorta su autonomía'.

La responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, Carme Chacón, destacó que el PP 'no ha querido aprobar enmiendas destinadas a que las comisiones de escolarización vigilen la exclusión de alumnos en centros privados concertados' y criticó que se permita a esos centros 'seleccionar a sus alumnos' si se especializan en algún área (como ciencias o humanidades) y 'no impartir todos los itinerarios'. También resaltó que esta reforma 'ha pasado por el Congreso sin informarle de lo que cuesta ni de quién la va a financiar'

IU dijo que 'el Gobierno está imponiendo una ley en contra de la opinión de la sociedad porque los grupos políticos que rechazan la ley representan a un mayor porcentaje de españoles', afirmó su portavoz Marisa Castro. El porcentaje de votos que obtuvo el PP en las últimas elecciones generales fue del 44,54% y CC del 1,06%. También el portavoz del PNV, Joxe Joan González de Txabarri, hizo referencia a este aspecto: El PP 'tiene el 44% de los votos y está intentando imponer en solitario un modelo de educación. Este portavoz destacó además que el Gobierno 'no dialoga más con quien comulga con ruedas de molino' y criticó el 'desmedido afán evaluador de la reforma'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de noviembre de 2002