La Mesa del Congreso tramita la comparecencia de presidentes de empresas privatizadas

El PP permitió ayer que la Mesa del Congreso admitiera a trámite la petición del PSOE para que siete presidentes de empresas privatizadas y cinco ministros comparezcan en el Congreso para explicar las privatizaciones realizadas por el Gobierno popular. Este paso no significa que el PP vaya a autorizar finalmente tales comparecencias. 'Se ponderará caso a caso, pero no vamos a permitir que se abra un proceso global a las privatizaciones', aseguró el portavoz popular, Luis de Grandes. El portavoz socialista, Jesús Caldera, subrayó en cambio que 'si el PP impide las comparecencias demostrará su complicidad en hechos oscuros de las privatizaciones y en posibles casos de corrupción'.

La sentencia del Tribunal Constitucional que amparó la semana pasada al PSOE en su reclamación, en 1997 y 1998, para que Juan Villalonga y Rodolfo Martín Villa, entonces presidentes de Telefónica y Endesa, explicaran en el Congreso determinadas decisiones tomadas durante la privatización de ambas empresas tuvo ayer su primera consecuencia política.

La Mesa, en la que el PP tiene mayoría, admitió a trámite 12 nuevas peticiones de comparecencias realizadas por el PSOE para analizar las privatizaciones de los Gobiernos populares. Asumió así la nueva doctrina del Constitucional y trasladó la decisión a las Mesas de las Comisiones. En ellas, el PP aplicará su voluntad como partido mayoritario, pero ya no podrá escudarse en razones jurídicas sino que afrontará el coste político de cualquier veto.

El PSOE pidió inmediatamente la reunión de las Mesas de las Comisiones de Economía, y de Ciencia y Tecnología para reclamar las comparecencias de Villalonga y Martín Villa rechazadas hace cinco años.

Los socialistas dan por sentado que la decisión que tomó ayer la Mesa era la 'única posible' tras la sentencia del Constitucional, que, según su interpretación, consagra el 'derecho inalienable' de los parlamentarios a 'controlar el proceso de privatización' de empresas públicas. 'La Mesa ha aceptado con cinco años de retraso la calificación de estas peticiones', afirmó Caldera, y 'ha dejado en muy mal lugar al señor [Mariano] Rajoy', quien el pasado viernes aseguró que el Constitucional 'en ningún caso ha dicho que tengan que producirse las comparecencias', sino 'todo lo contrario'.

El PP puntualizó ayer que su posición cuando las peticiones lleguen a las Comisiones no será 'la del no pasarán, porque no es eso'. Su portavoz, Luis de Grandes, aseguró que el PP va a 'favorecer el control del Gobierno, pero sin admitir el apriorismo de que todo [en las privatizaciones] se ha hecho mal'. De Grandes subrayó que el PP no permitirá 'que el PSOE ponga en duda la acrisolada honorabilidad de las personas' que presiden o han presidido empresas privatizadas, ni que se ponga 'en solfa' un proceso de privatización que, según el partido del Gobierno, se ha realizado con 'total transparencia' y ya ha sido 'investigado' por una subcomisión parlamentaria sobre privatizaciones.

Decisión al más alto nivel

La decisión sobre quiénes podrán ser finalmente convocados por el Congreso la tomará el Gobierno al más alto nivel. Nada se hará, en principio, hasta la próxima semana. Además, todos los presidentes o ex presidentes que el PSOE quiere convocar podrán negarse a acudir al Parlamento según su voluntad, pues no serán llamados como altos cargos sino como personas privadas. Y sólo una comisión de investigación puede exigir la comparecencia de personas sin cargo público. Los ministros sólo podrán ser preguntados por esas empresas mientras fueron públicas y no tras ser privatizadas.

El PP dejó ayer claro que es prácticamente imposible que admita la comparecencia de Villalonga y Martín Villa, pues ambos fueron a la subcomisión de privatizaciones y ya no presiden estas empresas. De Grandes admitió que Martín Villa ha dicho que no tiene inconveniente en ir al Parlamento.

El socialista Jesús Caldera replicó que 'si el PP se niega en Comisión' a estas comparecencias 'se demostrará su complicidad con los hechos oscuros de las privatizaciones'. Para Caldera, 'la carga de la prueba debe aportarla el PP' y si no acepta 'será cómplice de posibles casos de corrupción'.