El PP impedirá que el Parlamento cite de nuevo a presidentes de empresas privatizadas

La moderación con la que el Partido Popular acogió hace una semana la reclamación del PSOE para que comparezcan en el Congreso los presidentes y ex presidentes de empresas públicas privatizadas, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional que les dio la razón, dejó ayer paso a la cruda realidad. 'Vamos a decir que no', zanjó ayer el portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, porque 'la sentencia es inequívoca', es decir, no tiene efectos retroactivos. El PSOE acusará al Gobierno de 'cómplice de casos poco claros' si rechaza tales comparecencias.

El PSOE exigirá esta semana la reunión de las Mesas y los portavoces de las comisiones de Economía y Ciencia y Tecnología para que estudien sus solicitudes de comparecencias de los presidentes de empresas públicas privatizadas. Los socialistas quieren que, en primer lugar, acudan al Congreso los ex presidentes de Telefónica y Endesa, Juan Villalonga y Rodolfo Martín Villa, pues sobre el rechazo a la citación de ambos en 1995 y 1996 se ha pronunciado el Tribunal Constitucional: ha sentenciado que, en efecto, el PSOE tuvo derecho a exigir sus presencias y los afectados debieron haber comparecido.

El Grupo Popular permitió hace una semana que la Mesa del Congreso (en la que tiene mayoría) admitiera a trámite la solicitud de esas comparecencias y aseguró que estudiaría 'caso a caso' cada solicitud de los socialistas, pues su posición no iba a ser 'la del no pasarán'. Desde ayer, lo es ya explícitamente.

Si la pasada semana Luis de Grandes advertía de que el partido del Gobierno no iba a permitir 'que el PSOE ponga en duda la acrisolada honorabilidad de las personas' poniendo 'en solfa' todas las privatizaciones, ayer dinamitó la posibilidad de que ningún presidente de empresa pública privatizada acuda al Congreso. 'No existe ninguna razón para reiniciar un proceso a las privatizaciones' y es 'contrario a derecho y al sentido común invertir la carga de la prueba' y que sean los presidentes de empresas privatizadas y el Gobierno quienes demuestren que son inocentes.

La interpretación del PSOE es radicalmente opuesta. Según Jesús Caldera, portavoz parlamentario del PSOE, si el PP 'bloquea' esas comparecencias, la opinión pública se preguntará 'qué tiene el Gobierno que tapar'. Caldera apostilló: 'Si el PP impide las comparecencias, será interpretado como el reconocimiento de que hay complicidad en casos poco claros de gestión de los intereses públicos'.

Caldera vertió estas opiniones antes de conocer que el portavoz parlamentario del PP iba a anunciar serias restricciones a esas comparecencias. El PP y el Gobierno, aseguró De Grandes, no tiene ningún inconveniente en que los ministros se sometan al control de la oposición. Eso sí, matizó, lo harán 'en función del criterio de la mayoría', es decir, cuando le convenga al Gobierno. 'Y, desde luego, no vamos a permitir que se abra un proceso global a las privatizaciones', subrayó el portavoz popular.

El PP dejó ayer una puerta entreabierta para que algún presidente de empresa privatizada sí pueda acudir al Congreso. Desde luego, no a las comisiones. Pero, si hubiera un 'amplio consenso', podría acudir alguno, de alguna privatización reciente, a la subcomisión sobre nuevas privatizaciones que el PP, CiU y Coalición Canaria crearon con sus votos, y con el rechazo de la izquierda, hace dos semanas en el Congreso.

Ese amplio consenso es imposible toda vez que el PSOE ya ha anunciado que no asistirá a semejante subcomisión pues, según su experiencia, 'es una vía muerta'.

La dirección del PSOE evaluaba anoche cuáles podían ser sus actuaciones y una de ellas será forzar, al menos, la convocatoria de las comisiones y el debate público sobre las comparecencias. Pretenderían que el PP explique públicamente su negativa y deba después votar que no. Para esa eventualidad, y para la siguiente, la reclamación de una comisión de investigación sobre todas las privatizaciones, el PP y el Gobierno lanzan una advertencia: 'Si se empeñan, haremos una comparación de las privatizaciones de los socialistas y las más transparentes de la etapa popular'.