Reforma de las prestaciones por desempleo en el sector agrario

Andalucía mira al futuro prometedor que supone la renovación tecnológica de su actual sistema productivo, pero aún sigue siendo una región europea donde el peso específico de la agricultura, como sector económico, resulta una realidad palpable.

Se puede hablar de un antes y un después de la agricultura andaluza desde el ingreso de nuestro país en la Unión Europea, con un aumento de la rentabilidad en esta última etapa. Existen algunos datos significativos para corroborar este crecimiento económico de la agricultura en Andalucía durante la última década del siglo XX: la producción de hortalizas ha tenido un crecimiento del 130% en los cítricos y un 236% en los frutos no cítricos; el aceite ha aumentado en un 55% y los subproductos en un 48%. La propia Junta de Andalucía mantiene que el sector agroindustrial es uno de los más destacados dentro de la economía andaluza, representando el 38% de la industria total en la región y con unas ventas que superan los 10.818 millones de euros.

Esta agroindustria producto de una extensión de los cultivos y una paralela modernización del sistema productivo genera una fuerte demanda de mano de obra temporal en las denominadas 'campañas agrícolas de recolección'. Pero me pregunto, ¿esta demanda puede ser cubierta con los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios existentes hoy en día en Andalucía?.

La situación del mercado de trabajo agrario presenta unas características muy particulares en Andalucía:

a) Según la Encuesta de Población Activa, el sector de la agricultura ha perdido en el ámbito estatal, desde la puesta en funcionamiento del Plan de Empleo Rural (PER) en 1984, un 45% de efectivos, es decir un millón de personas. En cambio durante el mismo periodo en Andalucía, la población activa en el sector ha perdido tan sólo un 8%, es decir 34.200 personas.

b) El número de afiliados en alta dentro del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se encuentra en torno a las 526.000 personas por cuenta ajena, con la eventualidad más alta de todos los sectores económicos, y aproximadamente 36.000 personas por cuenta propia, percibiendo solamente el subsidio por REASS un 40% de esta población. Realidad muy diferente a la imagen que ofrece el Gobierno del señor Aznar, imagen de un sector intensamente subsidiado.

El sector agroindustrial impone una demanda de mano de obra eventual, flexible, móvil, dócil y barata en comparación con el resto del mercado laboral. Todo esto se nutrirá de trabajadores nacionales o extranjeros extracomunitarios no siendo de interés de estos últimos el permanecer encuadrados en esta actividad laboral tan precaria.

De no haberse implantado y perfeccionado las sucesivas políticas tendentes a la protección y promoción del empleo agrario nos encontraríamos otros escenarios como procesos importantes de emigración interna (campo-ciudad) dentro de la región o hacia otras regiones con mayor potencial de crecimiento económico y de demanda de empleo. Si imaginamos que la búsqueda de empleo sólo hubiese movilizado a la mitad de la población activa del sector nos podríamos encontrar con una población desarraigada, conflictos interculturales de adaptación, profundos cambios sociológicos en determinados núcleos urbanos y, por qué no, inicio de potenciales procesos de marginalidad.

Igualmente, de no haber existido estas políticas de protección socio laboral hacia los trabajadores y trabajadoras agrícolas, se estaría actuando radicalmente en contra de las políticas de la Unión Europea en cuanto al mantenimiento de la población rural (Informe 'El futuro del mundo rural, 1988') que intentan asimilar las condiciones de vida del mundo rural a las del mundo urbano. Este informe marcó una línea de esperanza para cambiar la situación del mundo rural de las regiones más deprimidas de la vieja Europa.

En conclusión, estamos ante un sector económico en constante reconversión que necesitará durante muchos años de políticas pasivas y activas de protección y promoción laboral hasta que se garanticen unos mínimos de igualdad respecto de los trabajadores y trabajadoras de otros sectores productivos.

Los problemas sociolaborales del medio rural no se resuelven eliminando de un plumazo políticas que han obtenido un saldo positivo pese a posibles inconvenientes. El actual Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrario (AEPSA) ha producido unos efectos notables de modernidad dentro de una sociedad eminentemente agraria como lo es la andaluza. En sus casi 18 años de existencia ha contribuido a estabilizar social, económica y laboralmente a una población agraria que carecía de perspectiva de futuro, futuro que hoy en día sigue siendo incierto debido a la inestabilidad laboral de muchos países, agravada notoriamente en una región como la nuestra. Si dichas políticas precisan cambios es necesario que se abran vías de debate y diálogo, no para suprimirlas, sí para adaptarlas a contextos cambiantes y para mejorarlas.

Manuel Merino es secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Andalucía.