El INE venderá datos del censo electoral si la persona no se opone por escrito

Del censo electoral al publicitario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone de 11 millones de euros (casi el 6% de su presupuesto) para realizar en 2003 el censo promocional. Se trata de un listado de las personas que deseen recibir publicidad realizado a partir del registro de ciudadanos con derecho a voto (casi 34 millones). El planteamiento de partida es excluir sólo a quienes expresen su negativa a figurar. Aunque el nuevo censo está presupuestado, queda por aprobar el reglamento que debe regularlo. Su meta es eliminar la venta fraudulenta de datos personales.

El censo promocional fue una de las principales novedades de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada en 1999 con los votos favorables del PP, CiU e IU. Sustituía a otra norma aprobada en 1992. La ley vigente crea el censo promocional como una fuente de información 'de acceso público'. Establece que los interesados en obtenerlo 'podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o de los órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas una copia del censo promocional, formado con los datos del nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral '. Así se lee en el artículo 31.

La ley añade que 'los procedimientos mediante los que los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo promocional se regularán reglamentariamente'. Serán gratuitos y entre ellos figura la posibilidad de hacer constar la negativa en el documento de empadronamiento. Cada trimestre se editará una lista del censo promocional para actualizar las exclusiones.

Censo a la venta

La citada ley establece que el uso de cada lista de censo publicitario tendrá un año de vigencia. También abre la puerta a la venta de este trabajo al disponer que 'se podrá exigir una contraprestación por la facilitación de la citada lista en soporte informático'.

Fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), detallan que entre las primeras hipótesis de trabajo, figura acometer una tarea informativa sobre el nuevo registro. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, ya aseguró en 2000 que antes de elaborar el censo promocional se realizaría 'una campaña de publicidad para que los ciudadanos conozcan su derecho a poder participar o no en el mismo'. Según el proyecto inicial de los técnicos, cada elector recibiría en su domicilio un folleto explicativo sobre el censo promocional y un sobre con franqueo pagado en el que podría remitir su negativa a la inclusión en el listado. De no hacerlo, quedaría incluido en el censo.

Para realizar el nuevo registro, el INE había pedido que se realizara al margen del censo de población (concluido a comienzos de este año con un presupuesto de 162,3 millones de euros) y presupuesto suficiente.

Un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (organismo dependiente del Ministerio de Economía) aseguró ayer que la entidad dispone de una partida de 11 millones de euros en los presupuestos del año que viene (186,74 millones) para realizar el censo promocional. Añadió que no se ha decidido la fecha para emprender el trabajo pero que, en todo caso, se iniciaría tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo. También puntualizó que antes de iniciarse la tarea debe estar aprobado el reglamento ad hoc.

De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos establece en una disposición transitoria que 'reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes y de control de las listas difundidas'. Con todo, el Gobierno ha echado a andar antes el presupuesto que la normativa.

En el INE añaden que el objetivo del censo de ciudadanos dispuestos a recibir publicidad es 'evitar el tráfico ilegal de datos'. 'Esto no acabará con el mercado negro, porque será un listado generalista y los más cotizados son aquellos que incluyen datos específicos como los perfiles profesionales', asegura el diputado socialista Diego López Garrido. Recuerda que hace años algunos pequeños partidos se presentaban a las elecciones sólo para obtener el censo.

El PSOE, que votó en contra de la ley de protección de datos, defiende que el censo promocional debería realizarse a partir del 'consentimiento inequívoco', por lo que sólo debería incluir a los ciudadanos que expresen ese deseo. Según López Garrido, tanto una sentencia del Tribunal Constitucional como una directiva comunitaria inciden en la necesidad de este consentimiento inequívoco.