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La Junta Electoral defiende que el censo publicitario sólo incluya a quien lo pida

Protección de Datos apoya el censo promocional y dice que basta 'el consentimiento tácito'

La Junta Electoral Central ha acordado que el censo publicitario, hecho a partir del censo electoral, sólo incluya a los ciudadanos que deseen figurar en él. Matiza que deben quedar excluidos quienes no se manifiesten al respecto. La Junta emitió este acuerdo a petición de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, quien dudaba de la pertinencia de incluir en el censo de personas deseosas de recibir publicidad a todas los que no se manifestaran en contra, tal como barajó en principio el propio INE. Según el director de la Agencia de Protección de Datos, a tenor de la ley basta el 'consentimiento tácito' para la inclusión. PSOE e IU quieren cambiar la norma.

La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, aseguró ayer que el censo promocional (integrado por quienes quieran recibir publicidad) sólo incluirá a los ciudadanos que expresen su deseo de figurar en él. Reconoció que la idea inicial barajada en el organismo, difundida anteayer por varias fuentes de la entidad, era la contraria: incluir a todos aquellos que no manifestaran su oposición.

Alcaide se apoya en el dictamen de la Junta Electoral Central, a la que pidió opinión a comienzos de 2001, unos meses después de acceder a la presidencia del INE. Acudió a ella tras observar que 'había una contradicción entre el mandato de la Ley Orgánica de Protección de Datos de hacer el censo promocional y el contenido de la Ley Electoral, que establece que el censo está protegido por el secreto estadístico', explica. Alcaide preguntó a la Junta (formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos) si era posible establecer que los electores debieran manifestarse 'en positivo' para ser incluidos, esto es, si debía mediar un consentimiento expreso para figurar en el listado.

Silencio negativo

La Junta consultó su parecer a los partidos representados en las Cortes y obtuvo la respuesta del PP y del PSOE, ambos a favor de que sólo se incluyera a las personas deseosas de constar en el listado. En marzo de 2001, la Junta emitió un acuerdo en el que establece que 'el silencio de los electores a las comunicaciones que se les cursen por la Oficina del Censo Electoral a los efectos de incluirles en el censo promocional se considere como manifestación de su voluntad de no figurar en dicho censo promocional'.

Así las cosas, el INE prevé, sin fecha, enviar a todos los electores una carta informativa sobre el censo publicitario. Sólo se incluirá en él a quienes contesten dando su asentimiento. Este es el proyecto, porque aún está por aprobar el reglamento que debe regular el listado promocional. Varios expertos consultados creen que, de establecerse finalmente la necesidad de consentimiento expreso, pocos ciudadanos lo otorgarían, por lo que el censo promocional sería de escasa utilidad para las empresas.

Por el contrario, el director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández López, señala que según la Ley Orgánica de Protección de Datos 'basta con el consentimiento tácito' de los ciudadanos para incluirlos en el censo promocional. Añade que la norma sólo establece la necesidad de consentimiento explícito en dos supuestos. El primero son los datos sobre ideología, religión o creencia, en cuyo caso el consentimiento debe ser 'expreso y escrito'. El segundo se refiere a los datos sobre salud, raza o vida sexual. En este caso basta con el 'consentimiento expreso'. No obstante, Fernández López puntualiza que también sería respetuoso con la ley optar porque sólo se incluyera en el censo promocional a los ciudadanos que mostraran ese deseo.

El presidente de la Agencia de Protección de Datos considera que la ley actual 'conecta de forma impecable el derecho de los ciudadanos a decidir sobre el tratamiento, o no, de sus datos para publicidad con el legítimo derecho de las empresas de publicidad o mercadotecnia a desarrollar actividades de lícito comercio'. Recuerda que la norma permite a los ciudadanos darse de baja del censo promocional. A su juicio, España 'tiene el régimen de protección más riguroso de la Unión Europea'. Añade que en la mayoría de esos países 'se pueden utilizar para envíos comerciales los datos del padrón que facilitan los ayuntamientos'.

El responsable de Protección de Datos defiende el censo promocional porque con él los empresarios establecidos en España 'estarán en mejor situación de competencia con sus homónimos europeos y al propio tiempo se garantiza el derecho de los ciudadanos'. Uno de los objetivos del nuevo listado es acabar con el uso fraudulento de los datos personales.

El censo promocional se creó en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos aprobada en 1999 con los votos de PP, CiU e IU en sustitución de otra de 1992. Estableció que este listado, a disposición de cualquier interesado (sobre todo empresas), se haría a partir del censo electoral (34 millones de personas) e incluiría los nombres, los apellidos y las direcciones.

PSOE e IU piden cambiar la ley

El PSOE e IU presentaron ayer en el Congreso sendas proposiciones de ley para reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la norma que crea el censo promocional a partir del electoral. Las dos iniciativas inciden en la necesidad de que el ciudadano autorice de forma expresa su inclusión en el listado con fines publicitarios. La normativa actual permite en principio el consentimiento tácito, si bien está sin aprobar el reglamento específico del nuevo listado. La propuesta socialista plantea también que 'en ningún caso el Instituto Nacional de Estadística, o los organismos equivalentes de las comunidades autónomas, podrá vender los datos personales que constan en el censo promocional ni exigir por ello contraprestación alguna'. La ley vigente recoge la posibilidad de vender ese censo en soporte informático. Su precio no sería muy alto, según fuentes del INE. Tampoco se convertiría en una gran fuente de ingresos ni, previsiblemente, permitiría amortizar su coste. 'En ningún caso haremos negocio', señala la presidenta del organismo, Carmen Alcaide. En el presupuesto de 2003, el INE tiene una partida de 11 millones de euros para crear el listado publicitario. No hay una fecha establecida para iniciar el trabajo. Varias organizaciones de consumidores piden que se garantice la protección de los datos personales. OCU recordó que debe respetarse el derecho de los usuarios a no recibir publicidad. Por su parte, CECU propuso a los consumidores que envíen al INE su negativa a la cesión de datos con fines publicitarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de octubre de 2002

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