El INE y Protección de Datos discrepan sobre las condiciones para aparecer en el censo promocional

Los ciudadanos que no respondan a la carta que les remitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE) para informarles de la elaboración de un censo promocional destinado a las empresas de publicidad, venta a distancia y prospección comercial no serán incluidos en ese listado. En contradicción con esta postura, expresada por la presidenta del INE, el director de la agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández, ha declarado hoy que el silencio de los interesados será tomado como un "consentimiento tácito".

La presidenta del INE, Carmen Alcaide, ha explicado, en relación a la información publicada hoy por EL PAIS, que el planteamiento de partida del Instituto para cumplir el mandato establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, es tomar el silencio como negativa a la inclusión de la persona en el censo promocional encargado por la Agencia y que se elaborará a partir de los datos electorales de 34 millones de personas, incluyendo su nombre, apellidos y domicilio. "Los que digan que no, así como los que no contesten no constarán", ha concluido.

En todo caso, y según la ley, todavía hay que regular reglamentariamente los procedimientos mediante los cuales los ciudadanos podrán solicitar no aparecer en el citado censo. En ese contexto, la subdirección general de la Oficina del Censo Electoral del INE preparó un informe para la Junta Electoral Central en el que se decía que sólo se incluiría en el listado a aquellas personas que dijeran que querían figurar en él y que se entendería el silencio en la consulta como la voluntad de no aparecer en el citado censo.

Difícil competencia

No obstante, el director de la Agencia de Protección de Datos, que encargó al INE la realización del censo promocional, sostiene la postura contraria y la justifica en que, a diferencia del resto de países europeos, las empresas españolas no tienen acceso al censo electoral, por lo que trabajan "en un régimen de competencia difícil". Fernández ha declarado que el objetivo de este censo promocional es el de "conectar los derechos de los ciudadanos con los derechos de las empresas".

Fernández ha recordado que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales admite con carácter general el consentimiento tácito de la persona y, de hecho, deja el consentimiento expreso para los datos sobre religión, ideología y creencias y el consentimiento escrito para los datos de salud y origen racial.

Propuestas de PSOE e IU

Al hilo de la polémica generada por la información publicada hoy, PSOE e IU han planteado la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos con el fin de prohibir la venta o cesión de la información de cada persona sin su consentimiento expreso. Para ello, han presentado en el Registro del Congreso sendas proposiciones de ley para acometer dicha reforma. El PSOE ya votó en contra de la vigente ley de Protección de Datos, aprobada en 1999 en reforma a otra de 1992. Sin embargo, IU votó a favor del nuevo texto.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ha afirmado en conferencia de prensa que para este partido "no es admisible que los datos que afectan a la intimidad personal puedan figurar en un censo promocional sin que sea autorizado por los ciudadanos". Para el dirigente socialista, "es intolerable que el INE quiera hacer negocio con los datos que afectan a la intimidad de las personas y que es obligatorio dar".

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Felipe Alcaraz, ha considerado "grave" que el INE realice un censo con fines comerciales y que para ello se nutra de los datos que figuran en el censo electoral, y ha expresado su preocupación por que en el mismo se pudieran incluir a todos los ciudadanos con derecho a voto que no expresen su deseo de no figurar.