El Congreso aprueba modificar la Ley de Protección de Datos

El Congreso en pleno, prácticamente por unanimidad, reconoció ayer los errores de la Ley de Protección de Datos y pidió al Gobierno que la corrija. La ambigüedad de esta norma de 1999 ha permitido que se plantee la posibilidad de que se utilicen los datos del censo electoral con fines comerciales sin consentimiento expreso del titular. Para usar esa información, según la ley, basta con que el interesado no conteste cuando se le pida autorización. La modificación aprobada ayer obliga a que el uso sea expresamente consentido.

Todos los grupos, incluido el PP, reconocieron ayer en el Congreso que la situación creada por la Ley de Protección de datos de 1999 no puede continuar. La espita la ha marcado la reciente polémica por la iniciativa fallida de tomar la falta de respuesta negativa de un ciudadano sobre la utilización de sus datos como una autorización. 'Es como el 1984 de George Orwell', dijo el diputado de IU Luis Carlos Rejón, en referencia al autor de la imagen literaria del Gran Hermano que vigila a todos los ciudadanos.

Diego López Garrido, del PSOE, acusó al PP de haber permitido que los datos personales de los españoles, no sólo los del censo, 'estén fuera de control'.

La proposición no de ley que presentó el PP y apoyaron todos insta al Gobierno a desarrollar un reglamento de la ley en el que se diga expresamente que 'sólo se incluirán en el censo promocional los electores que expresamente manifiesten su consentimiento a figurar en el mismo' y que 'el silencio a las comunicaciones que se le cursen a efectos de su inclusión en dicho censo se considere como manifestación de su voluntad de no figurar en el mismo'. Esto es, lo contrario de lo que dice la ley.

Todos los grupos, salvo el PP, votaron a favor de las iniciativas de PSOE e IU para que se cambie directamente la ley, y no el reglamento. Pero, tras una larguísima sesión para discutir las tres proposiciones, el partido del Gobierno impuso su mayoría para que se quede en una modificación de reglamento. 'Esto es una chapuza', clamó Rejón. 'Apoyamos la idea, pero no creemos que lleguen a aplicarla, porque ustedes defienden más a las grandes empresas que a los ciudadanos', insistió López Garrido.

Otras ideas que estaban en las propuestas de la oposición, como el control de los datos que se cruzan las compañías de seguros o la ampliación a toda la publicidad del criterio de que la ausencia de respuesta ha de ser entendida como negativa, quedaron rechazadas por la mayoría absoluta del PP.