El Gobierno detecta 97.000 errores en la depuración del censo electoral de los emigrantes

Los españoles inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) han pasado de 458.915 en 1995 a casi un millón en 2002. En los últimos dos años, las revisiones del censo efectuadas por el Gobierno han descubierto hasta 97.000 errores, correspondientes a duplicidades, fallecimientos o inclusiones indebidas. El espectacular crecimiento en el CERA se debe a una reforma legal de 1995 que imponía la inscripción de oficio en el censo a todos los emigrantes. Antes lo debían solicitar en los consulados. El Gobierno asegura que sigue depurando el CERA mientras que senadores socialistas ven intencionalidad en los errores.

El porcentaje de electores residentes en el extranjero con más de 85 años era el 2,3% antes de 1995 (en España, los que superaban esa edad constituían el 2,02% de la población). Cinco años después, en los registros consulares el porcentaje de ancianos mayores de 85 años pasó a ser de un 5,8%, más del doble de los porcentajes registrados en España. En sólo cinco años, los electores mayores de 85 años en el extranjero se habían quintuplicado: de 10.639 a 53.910.

Desde las elecciones de 2000 a junio de 2001, las revisiones del CERA dieron lugar a más de 50.000 bajas por errores (duplicidades, defunciones o inclusiones indebidas). Y desde esa fecha a enero de 2002, otras 47.000 bajas por idénticas anomalías. Sólo el consulado de Buenos Aires ha dado de baja a 13.000 electores en un año, de los que 10.000 correspondían a nacidos antes de 1915.

Pese a estas depuraciones sigue creciendo el censo con un promedio mensual de 16.000 altas por 10.000 bajas. La crisis económica latinoamericana está impulsando este fenómeno por el que los descendientes de españoles buscan un abrigo en el censo de residentes ausente. Un filón electoral que suscita un inusitado interés e inquietud entre los grupos parlamentarios.

Los problemas comenzaron cuando se cambió el sistema de registro de los residentes. Las oficinas disponían de un listado de españoles residentes en su demarcación, el Registro de Matrícula Consular (RMC), distinto del CERA. Su finalidad no era posibilitar el voto por correo sino la protección y asistencia consular en el extranjero. Este listado, a diferencia del CERA, no estaba sometido a una imperativa actualización periódica y sistemática. Se ordenó a los consulados que no hicieran un volcado masivo del RMC en el CERA y que 'sólo se inscribiera en el CERA a los españoles inscritos en el RMC después de realizar las oportunas comprobaciones', según un informe de Exteriores. El CERA, ya depurado, debía ser comunicado a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que, de modo automático -salvo en las municipales, donde el elector debe recabar personalmente la documentación-, envió las papeletas al domicilio en el extranjero consignado. Luego, el emigrante, podía enviar su voto por correo o entregarlo en el consulado.

Maquinaria viciada

La maquinaria nació viciada de errores, según informes de la OCE (Oficina del Censo Electoral) y de Exteriores sobre la gestión del CERA. 'El interés en efectuar lo antes posible la incorporación de oficio al CERA de los españoles inscritos en los registros de matrícula primó sobre la calidad de los datos de los mismos, que no siempre estaban actualizados', explica un informe de la OCE.

Cada error supuso una consecuencia distinta. La inscripción de electores con domicilios erróneos implicaba que la documentación electoral no les llegaría, ya que ésta se envía por correo. La inscripción en el extranjero de quienes ya habían retornado a España entrañó que se les diera de baja como residentes en territorio nacional, con lo que al ir a votar se encontraron con que no lo podían hacer. Sobre la existencia de personas fallecidas en las nuevas inscripciones, el informe sólo dice que esto ya fue detectado en las elecciones gallegas de 1997, y se ordenó a los consulados depurar sus listados. Además de realizar estudios sobre documentación electoral devuelta por no hallarse destinatario, la OCE envió listados a los consulados sobre electores de sospechosa longevidad. José Castro Rabadán, senador socialista por Salamanca, tiene un diagnóstico claro: 'Se ha censado a muertos'.