Un informe denuncia la "indefensión" de quienes dan sus datos a programas de TV

Cuando un espectador de un programa de televisión envía un mensaje SMS (mediante móvil) a un programa de televisión para votar por su concursante favorito o un correo electrónico o tradicional para participar en un sorteo no sabe con precisión quién puede tener acceso a ellos. Esa "indefensión" es la que ha sido hoy denunciada en un informe de la Agencia de Protección de datos (APD) tras una inspección sectorial en el oficio.

En la inspección, en la que se han investigado el tratamiento de datos personales de 19 empresas especializadas en ofrecer estos servicios, no se ha detectado, sin embargo, "ninguna irregularidad" en su tratamiento porque los datos facilitados por los usuarios no son de los "especialmente protegidos", como ideología, afiliación sindical, religión u origen racial, entre otros.

Los técnicos de la APD han hecho énfasis en el riesgo de entregar los datos a través de las líneas telefónicas 906, mecanismo que exige que el televidente facilite su nombre, apellidos, número telefónico de contacto, edad y población de residencia, y, en ocasiones, domicilio, estado civil y DNI. Una información mucho más extensa que la que se requiere para participar mediante mensaje SMS (móvil), mecanismo que sólo revela número de terminal del televidente.

Información previa

En este sentido, la APD recomienda a las compañías implicadas en estos servicios que se les informe "previamente" y "de modo expreso, preciso e inequívoco", tanto de la existencia de un fichero de datos personales, como del carácter obligatorio de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas, así como de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

Además, la agencia recuerda la obligación de las empresas de facilitar información sobre la posibilidad de los usuarios de ejercitar derechos de acceso, rectificación, cancelación e identidad del responsable del tratamiento de los datos personales. A juicio de este organismo, la consecuencia de la falta de una información clara en la recogida de los datos, es que se pueden ver vulnerados los derechos de los ciudadanos, pues no saben con exactitud cuál es la entidad que se hace responsable del fichero.