El ministro de Exteriores británico propone una Constitución escrita para Europa

El ministro de Exteriores británico, Jack Straw, se declaró ayer abiertamente partidario de dotar a la Unión Europea (UE) de una Constitución escrita en la que se reafirme la legitimidad del poder político de los gobiernos nacionales. En un discurso ante los miembros de la Cámara de Comercio de Escocia, Straw propuso también la creación de un organismo especial para controlar a la Comisión Europea, con el fin de garantizar la aplicación del principio de subsidiariedad que reserva la toma de decisiones al nivel institucional que se juzgue más adecuado.

Straw entró ayer en un terreno conflictivo al defender abiertamente la creación de una Constitución escrita para la UE dentro de los objetivos de la convención sobre el futuro de Europa puesta en marcha el año pasado. 'Una Constitución es un marco de normativas básicas... No implica automáticamente la adopción de cada punto y coma de un superestado europeo', dijo en respuesta a la oposición conservadora, que asocia la elaboración de un texto constitucional con la integración política de Europa.

La Constitución que propone Straw contaría con 'un conjunto simple de principios, definidos en lenguaje claro, que reafirmen el papel de los gobiernos nacionales como fuente primaria del poder político'. 'El objetivo es diseñar una Constitución escrita para el pueblo y las comunidades europeas, no para las élites políticas', dijo ayer.

El ministro había esbozado la idea de una Carta Magna europea en un discurso anterior -en La Haya, el pasado 21 de febrero-, pero es la primera vez que concreta en público el alcance de su propuesta. 'Actualmente, las normativas de la UE no están contenidas en un único documento, sino esparcidas en una serie de textos. Son bastante oscuros y obtusos, y mucho menos accesibles de lo que deberían ser. Una Constitución escrita no sólo mejorará la capacidad de actuar de la UE, sino que también ayudará a volver a conectar a los votantes europeos con las instituciones que actúan en su nombre', explicó.

'Rendición' a Bruselas

Michael Ancram, portavoz de Exteriores del Partido Conservador, denunció la propuesta constitucionalista de Straw como una 'rendición ante los integracionistas europeos, ante los que persiguen una unión política absoluta'. 'Es un nuevo paso hacia la integración europea', advirtió ayer. Intentando zanjar la polémica, el jefe de la diplomacia británica recordó poco después que es más importante debatir el contenido, no el título, del futuro tratado europeo.

Además de una Constitución plurinacional, Straw elevó ayer otra conflictiva propuesta relacionada con el principio de subsidiariedad, concepto introducido por el anterior primer ministro conservador, John Major, que reserva la toma de decisiones al nivel institucional que se juzgue más adecuado. A los diez años de su introducción, el jefe de la diplomacia británica quiere crear un 'organismo de control de la subsidiariedad' para asegurar que las decisiones se toman al nivel más efectivo, ya sea en Bruselas o en las capitales y provincias de los Estados miembros.

Este mecanismo de control estaría integrado por diputados de los gobiernos nacionales y, según propuso el ministro, tendría poderes para 'examinar la legislación europea injustificada'. 'Este ente', continuó, 'ayudaría a los europeos a abrirse camino entre la maleza de la jurisdicción local, nacional y supranacional'.

En la práctica, la propuesta de Straw llevaría a un recorte del monopolio sobre la iniciativa legislativa de la Comisión Europea. Los eurodiputados no estarían representados en el nuevo mecanismo de control que defiende el ministro de Tony Blair. Y, para preservar el principio de subsidiariedad, el organismo podría incluso paralizar iniciativas de la Comisión y forzar la marcha atrás en las reformas legislativas aprobadas por el Consejo de Ministros. Para Straw, su propuesta de control es un ejercicio enfocado a democratizar el proceso europeo de toma de decisiones.

El jefe del Foreign Office mantuvo la tradicional cautela respecto al euro. No aportó luz sobre la fecha del prometido referéndum y se limitó a recordar la línea oficial de que el Ejecutivo laborista de Blair tomará la decisión una vez que se haga una valoración de los criterios económicos sobre la moneda única fijados por la Unión en 1997.