Bush arranca al Congreso plenos poderes para el comercio global

George W. Bush ha conseguido en la Cámara de Representantes el poder que había buscado en los últimos 18 meses: autoridad para negociar acuerdos comerciales con otros países al margen del Capitolio. La nueva ley, que tiene prácticamente garantizada su aprobación en el Senado la próxima semana, abre múltiples mercados internacionales a empresas estadounidenses. Sus detractores creen que será una fuente de desempleo en EE UU y critican también la falta de medidas de protección medioambiental. Bill Clinton nunca logró lo que sus propios compañeros del Partido Demócrata van a otorgar ahora a su sucesor cuando se apruebe definitivamente en el Senado.

Todos los presidentes desde 1974 han disfrutado de las leyes de Autoridad de Promoción Comercial (TPA), conocida políticamente como fast track o vía rápida. La regulación concede al presidente de EE UU la potestad de negociar libremente acuerdos comerciales con otros países. En la práctica es una cesión de poder por parte del Capitolio, que se compromete a aceptar o rechazar esos acuerdos sin entrar a modificarlos.

En 1994, Bill Clinton perdió ese privilegio cuando las cámaras se negaron a renovarlo. Fue uno de sus mayores fracasos políticos, porque no fueron los republicanos quienes le negaron la TPA, sino los demócratas, preocupados por los efectos secundarios de un acuerdo que puede disparar el desempleo en algunos sectores industriales. Aunque la legislación abre los mercados a los productos made in USA, también facilita el traslado de industrias a países que pueden permitir una reducción en los costes de producción.

Escaso margen

Tan agitado fue el debate que los congresistas no pudieron votar hasta casi las dos de la madrugada del sábado. Al final, se aprobó por un margen ridículo: 215 votos frente a 212. Hubo 27 votos republicanos en contra y 25 demócratas a favor. Bush llegó a presentarse en el Capitolio a media tarde del viernes para presionar a quien quisiera escucharle. Según fuentes republicanas, el presidente trató de fomentar un voto ajustado a la doctrina de partido con un argumento de actualidad: la legislación, dijo Bush, 'es importante para la psicología de los mercados de valores. Quiero la ley aprobada', insistió Bush, consciente de que esa noche era su última oportunidad antes de que la Cámara de Representantes iniciara sus seis semanas de vacaciones. 'No os podéis marchar de aquí sin una ley comercial y esperar que la gente tenga esperanzas en el futuro económico de nuestro país', aseguró Bush. Once horas después, la votación le dio lo que quería.

Los demócratas lograron ciertas concesiones en la redacción final, especialmente la reserva de una partida presupuestaria de 12.000 millones de dólares en 10 años para ayudar a los trabajadores que pierdan su empleo en EE UU como consecuencia de acuerdos comerciales internacionales. Aun así, los demócratas votaron mayoritariamente en contra, 'porque los acuerdos no garantizan el fomento de políticas de derechos humanos, derechos laborales o protección medioambiental', dijo el líder demócrata en la Cámara, Dick Gephardt. Sus colegas políticos en el Senado no son tan beligerantes y se dan por satisfechos con las garantías laborales que contempla el texto aprobado en la Cámara.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Tom Daschle, insistía en que la legislación 'es muy buena para los trabajadores que se vean afectados por los acuerdos'. Esta divergencia puede abrir heridas profundas en el Partido Demócrata con vistas a las legislativas de noviembre. Según los sindicatos, la firma de acuerdos comerciales es un cheque en blanco para grandes empresas que ahora podrán trasladar puestos de trabajo a países con un margen de producción más rentable, especialmente en el sector manufacturero. En cambio, granjeros y agricultores podrán colocar sus productos en países hasta ahora cerrados a los bienes estadounidenses.

También se quejan los sindicatos de que no todos los trabajadores que se queden sin empleo tendrán acceso a las ayudas ni a la reducción en los seguros médicos. El republicano Charlie Norwood llegó a decir que la legislación es 'el clavo final en el ataúd de la industria textil de EE UU'.

Políticamente, la TPA es la llave para que Bush avance en su proyecto de creación de la Zona de Libre Comercio para las Américas que quiere culminar en enero de 2005. Puede haber también acuerdos inmediatos con mercados suculentos, como Singapur, Chile y países de América Central o África. Al mismo tiempo, se extiende la exención de aranceles a productos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, una fórmula que pretende luchar contra el cultivo de cocaína.