Las ONG en el extranjero

Corren malos tiempos para quienes trabajamos con las ONG españolas en el extranjero. A una mayor complejidad de los contextos en los que actuamos debemos sumarle la incapacidad del actual Gobierno para dotar a los trabajadores de las agencias humanitarias y de cooperación de un estatuto que nos permita desarrollar nuestra labor con unas mínimas garantías, y que recoja las especificidades que esta labor conlleva.

La Ley de Cooperación nació en 1998 fruto de un consenso entre los actores que participan en la denominada Cooperación al Desarrollo. Pero la prepotencia con la que el Gobierno ha conducido las riendas ha viciado desde el principio cualquier tipo de consenso. Lejos de la evolución que estas políticas han tenido en otros países europeos, la española se ha caracterizado por la ausencia de participación de las ONG en los principios más básicos. Se ha pretendido uniformar las distintas actuaciones y maneras de ver el acto humanitario bajo la denominación única de Cooperación al Desarrollo, sin dar espacio a la acción humanitaria y la ayuda de emergencia.

Pero el paroxismo de la ineficacia y dejadez del Gobierno ha llegado a su grado máximo con la negativa de regular el Estatuto del Cooperante, que debería ser la herramienta que dotase de derechos y obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social a todos aquellos que llevamos a cabo los proyectos de las ONG en el extranjero. El Estatuto del Cooperante ha sido reclamado con insistencia desde los años ochenta, pero sigue sin existir en la legislación laboral española un contrato tipo que se nos pueda aplicar y que recoja las especificidades de nuestro trabajo. La ausencia de convenios de protección en materia de seguridad social en el 99% de los contextos en los que trabajamos y el incierto futuro que nos espera una vez de vuelta a casa son problemáticas que se añaden a la precariedad de medios y a las difíciles condiciones que nos encontramos en los países donde actuamos.

Es necesaria y urgente una actuación del Gobierno, pero la única respuesta que hemos obtenido hasta ahora ha sido el silencio y el incumplimiento de los mandatos de la Ley de Cooperación (que en 1998 le daba al Gobierno un año para elaborar el Estatuto del Cooperante), y el del Congreso de los Diputados, en febrero del presente año.