Un juez de EE UU declara inconstitucional la pena de muerte por delitos federales

Por primera vez desde que se restableció la pena capital en EE UU en 1976 un juez federal la declaró ayer inconstitucional. Aunque la sentencia sólo afecta a los condenados por delitos federales -27 del total de 3.700 presos en los corredores de la muerte-, la repercusión simbólica es enorme, dado el creciente clima social a favor de la abolición, que en parte quedó ratificado la semana pasada por dos sentencias del Tribunal Supremo anulando la pena capital para los discapacitados mentales y otorgándole a los jurados, en vez de a los jueces, la autoridad para imponer condenas.

A diferencia del fallo de ayer del juez Jed Rakoff, los del Supremo no cuestionaron la constitucionalidad de la pena de muerte, sino que aludieron a 'la evolución de las normas de decencia'. El juez federal, sin embargo, sustentó su decisión en la violación de los derechos procesales afirmando que demasiados inocentes habían sido sentenciados a muerte. 'La pena capital priva a los inocentes de una importante oportunidad de demostrar su inocencia y crea un riesgo innecesario de ejecutarles', escribió Rakoff en su dictamen de 28 páginas, extrapolando su decisión al ámbito nacional, al menos filosóficamente. Desde que la pena de muerte por delitos federales se reinstauró en 1994 sólo dos reos han sido ejecutados, Timothy McVeigh, el terrorista que puso la bomba en un edificio federal de Oklahoma matando a cientos de personas, y Juan Raúl Garza, un hispano de Tejas que asesinó a tres narcotraficantes. Por delitos estatales se han ejecutado 784 personas en los 38 Estados en los que está vigente desde que se reinstauró a escala nacional en 1976.

La decisión de ayer liberó por el momento de la ejecución a dos hispanos, Alan Quiñones y Diego Rodríguez, presuntos cómplices en el asesinato de un informante de la DEA. La víctima, Edwin Santiago, que había alertado a los agentes sobre el negocio de venta y distribución de droga de los acusados, murió torturado en Nueva York el 27 de junio de 1999. El Gobierno federal señaló ayer que recurriría la sentencia del juez Rakoff.

Independientemente del debate de opinión sobre la moralidad de la pena de muerte, las estadísticas han demostrado en los últimos años que el sistema está plagado de errores. Al menos 96 condenados se han salvado en último momento de la silla eléctrica o la inyección letal tras probar su inocencia. La defensa de oficio deja mucho que desear; en algunos casos los abogados se han dormido en el juicio o han dejado de presentar pruebas que hubieran exonerado a sus clientes. Por otra parte, han salido a la luz las disparidades geográficas o étnicas en la aplicación de la pena de muerte, en perjuicio de los afroamericanos y en los estados sureños, como Tejas y Florida.

Sentencias anuladas

En Arizona, el Estado que dio origen al dictamen de la semana pasada del Supremo anulando las condenas impuestas por jueces, en vez de por jurados, la tasa de error es la más elevada de EE UU: un 79% de las sentencias de ejecución han sido anuladas en los últimos años por distintos fallos procesales.

La cadena de errores ha inclinado la balanza de la opinion pública a favor de una revisión del sistema, aunque hay otros factores que han contribuido como 'la ineficacia, el alto costo y la inmoralidad', según un estudio del Centro Nacional sobre la Pena de Muerte. En esencia, las encuestas muestran que los norteamericanos apoyan la pena capital, pero quieren al mismo tiempo tener las conciencias 'limpias' y limitar las ejecuciones a 'los peores de los peores criminales'. El 65% sólo apoya la pena de muerte cuando no hay otra alternativa y el 94% cree que muchos condenados son inocentes.

Wayne Smith, director del Proyecto Justicia, subraya que 'la pregunta ya no es si el sistema de justicia está roto, sino cuándo lo vamos a arreglar'. Existe consenso en la necesidad de reforma, no en la manera de hacerlo. Dos gobernadores, el de de Illinois y el de Maryland, ya han dado pasos significativos dejando en suspenso la pena capital hasta 'limpiar el sistema de errores'.

Al menos en otros 14 Estados se ha iniciado igualmente un proceso de revisión, al tiempo que el Congreso debate una ley para hacer asequible las pruebas de ADN a todos los condenados, que cuenta con apoyo republicano y demócrata.

En palabras de Wayne Smith, quizá el indicio más elocuente de cómo han cambiado los tiempos es el apoyo a la reforma del congresista ultraconservador Dan Burton: 'Es definitivamente la prueba de que el sistema está roto'.