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Reportaje:

Blair y Aznar, contra todos en la cumbre de Sevilla

Las sanciones a los países que no colaboren en el control de la inmigración ilegal, principal polémica en el Consejo Europeo

Carlos Yárnoz

La complicada etapa de las negociaciones para la ampliación de la UE, prevista hace meses como la cuestión más importante para la cumbre de Sevilla de los próximos viernes y sábado, quedará en un segundo plano ante los dos asuntos estrella puestos de actualidad por la presidencia española: el lanzamiento de un plan global contra la inmigración ilegal y la reforma del Consejo de la Unión. Pero, al margen de la agenda oficial, la cita de Sevilla pasará a la historia por la huelga general convocada para la víspera, que deslucirá el fin de fiesta del semestre de José María Aznar como presidente de la Unión.

Si los Quince se ponen de acuerdo, la reforma más importante del Consejo será la de hacer valer las mayorías en las cumbres europeas, donde todo se determina por unanimidad. Romper la cultura del veto es una de las cuestiones más sensibles entre los Gobiernos y, de hecho, también esta vez países como Francia se muestran remisos a dar el paso al frente. De conseguirse, el Consejo Europeo habrá abierto una nueva etapa mucho más democrática.

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Además de ese freno a la cultura del veto, algunas propuestas de reforma del Consejo planteadas por Aznar y el secretario general de la UE, Javier Solana, van a cambiar a partir del próximo semestre la forma de gestionar la Unión. Es el caso de la creación de un nuevo Consejo de Asuntos Generales, un Consejo de Asuntos Exteriores y, a la vez, la reducción a una decena de los 16 consejos sectoriales actuales. El Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) es el único grupo de países que pone objeciones a esta fórmula, que supondrá una cierta pérdida de poder para los titulares de Exteriores y de Finanzas, hoy claves para preparar las cumbres.

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Para el ciudadano, sin embargo, probablemente sea de mayor interés la propuesta de que las reuniones del Consejo de la UE sean públicas, incluso retransmitidas por televisión, cuando se aborden proyectos legislativos.

Las propuestas más polémicas, no aplicables de forma inmediata porque exigen cambios del Tratado de la UE, serán la sustitución del sistema de presidencias semestrales por otras formadas por equipos de cinco o seis países durante dos años y medio y la elección de un presidente de la Unión entre ex líderes europeos. Frente a Aznar, el británico Tony Blair y el francés Jacques Chirac, están en contra de esas hipótesis nuevamente el Benelux, los países más pequeños y el canciller alemán, Gerhard Schröder. El Benelux y los pequeños, porque perderán el protagonismo que ahora tienen en sus turnos de presidencia, y Schröder, porque prefiere una fórmula más federal que incluya una Comisión Europea fuerte bajo supervisión del Parlamento Europeo.

El plan global contra la inmigración ilegal será, con toda probabilidad, el que concite mayor curiosidad, si bien las ideas lanzadas inicialmente por los Gobiernos español y británico han sido algo rebajadas o han merecido llamadas a la prudencia por la Comisión Europea o Amnistía Internacional, o directamente el rechazo por parte de Francia, Suecia o Irlanda. 'Debemos afrontar estos temas, pero sin demonizarlos', dijo el martes pasado ante el Parlamento Europeo el presidente de la Comisión, Romano Prodi. Aznar, por el contrario, denuncia la 'hipocresía' existente al respecto, y el ministro británico del Interior, David Blunkett, ha escrito a su homólogo español que deben actuar con rapidez para evitar que 'la gente abrace, cada vez más, soluciones extremistas'.

Los campos centrales de ese plan consisten en reforzar las fronteras exteriores de la UE y la cooperación policial entre los Quince para impedir que se incremente la cifra de los al menos tres millones de clandestinos que hay en Europa, así como planes conjuntos de repatriación de ilegales. Otras propuestas consisten en establecer un banco de datos sobre demandantes de asilo, elaborar en el futuro un reglamento sobre asilo o negociar acuerdos de readmisión con más países. Ahora ya se negocian acuerdos de este tipo con Marruecos, Macao, Rusia, Pakistán, Sri Lanka y Ucrania, pero los Quince quieren tenerlos también con Albania, Argelia, Turquía y China.

Buena parte de las medidas ya han sido planteadas con poco éxito por la Comisión Europea y ahora se pondrán plazos concretos de uno a tres años para materializarlas, pero Aznar y Blair han añadido otras más polémicas. Así, quieren que se castigue a través de los acuerdos de cooperación, dejándolos incluso en suspenso, a los países terceros que no colaboren en el control de los inmigrantes clandestinos. Francia, Suecia, Irlanda o Finlandia, entre otros, se oponen a ese castigo. Los ministros de Exteriores debatirán hoy el problema en Luxemburgo.

La cumbre de Sevilla también debe aprobar las grandes orientaciones de política económica (GOPE), el documento anual en el que la Comisión recoge, país por país, una descripción valorativa de las finanzas públicas junto a las correspondientes objeciones o recomendaciones. El informe no suele ser problemático, pero este año lo es. Francia, con un déficit que se acerca peligrosamente al 2%, rechaza que en el documento se insista en que 2004 es el límite para lograr el superávit o el equilibrio presupuestario como objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Su ministro de Finanzas, Francis Mer, ha dicho que el pacto 'no está escrito en mármol', pero parece olvidar así que su jefe, Jacques Chirac, firmó las conclusiones de la cumbre de Barcelona en las que se decía explícitamente: 'Los Estados miembros mantendrán o respetarán el objetivo presupuestario a medio plazo de obtener una situación presupuestaria cercana al equilibrio o con superávit para el año 2004, a más tardar'.

Hasta ahora, el Gobierno francés no ha cedido y ésa es la razón por la que los ministros de Finanzas (Ecofin) se reunirán el día 20 en Madrid para intentar in extremis un acuerdo que evite a sus jefes de Gobierno debatir el problema entre ellos en Sevilla.

Al margen del espinoso contencioso de las negociaciones de la ampliación, otros asuntos que abordarán los líderes de los Quince será la crisis de Oriente Próximo (apostarán por las gestiones del cuarteto de Madrid, integrado por la UE, EE UU, Rusia y la ONU) y el conflicto India-Pakistán. La posibilidad de que en la capital andaluza quede resuelto el problema greco-turco, que abriría el acceso automático de la UE a los medios de planificación de la OTAN, se ve más alejada cada día, con el grave inconveniente que supone para que sea realmente operativa la política europea de seguridad y defensa.

Un encuentro incierto para los candidatos a la ampliación

Si los líderes de los Quince recordarán especialmente la cumbre de Sevilla por la huelga general, los jefes de Gobierno de los 12 países candidatos presentes el día 22 en la capital andaluza la retendrán en su memoria por el golpe bajo que van a recibir si hoy no se produce un milagro en la reunión de los ministros de Exteriores en Luxemburgo. Holanda, Alemania, Reino Unido y Suecia han impuesto sus tesis contra viento y marea y han forzado a retrasar sine die la negociación con los candidatos de capítulos financieros que los Quince pactaron cerrar este semestre, los únicos que se le han resistido a la presidencia española. Los cuatro países, contribuyentes netos en la UE, se niegan a aceptar que los candidatos, algunos con tan enorme peso en el sector agrícola como Polonia, reciban los pagos directos a la agricultura a los que hoy tienen acceso Francia, España o Italia. La Comisión Europea propuso en enero que, una vez incorporados en 2004, los actuales candidatos recibieran ese año sólo el 25% de esos pagos directos (977 millones de euros), para pasar al año siguiente al 30% (1.173 millones) e incrementar paulatinamente el porcentaje hasta llegar al 100% sólo en 2013. Pero ni siquiera eso aceptan los cuatro países citados, que prefieren esperar a conocer antes la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que presentará el mes que viene el Ejecutivo comunitario y, por el momento, se niegan incluso a aceptar el principio de que esos pagos directos son ya un derecho adquirido en la UE. Quien relaciona ampliación y reforma de la PAC 'asume el riesgo de retrasar las negociaciones de adhesión', dijo malhumorado el pasado miércoles el secretario de Estado español Ramón de Miguel ante el Parlamento Europeo, al que animó a pedir responsabilidades. Hoy, los ministros de Exteriores tendrán en Luxemburgo una última oportunidad antes de Sevilla para pactar unos acuerdos mínimos válidos para que el actual retraso pueda recuperarse en otoño. Es decir, una vez pasadas las elecciones de septiembre en Alemania, que es lo que ha exigido Berlín desde el primer momento. En la capital andaluza, los Quince valorarán los esfuerzos españoles, repasarán los avances de los candidatos, animarán a Bulgaria y Rumania a proseguir la carrera pese a que no estarán en la primera oleada de entrada e instarán a Chipre a lograr un acuerdo para que la isla pueda constituirse en un solo Estado antes de unirse al club. De paso, la UE dará su formal compromiso a los irlandeses de que su neutralidad no será afectada por la Política de Seguridad y Defensa de la Unión, una promesa que podrá servir para que a la segunda oportunidad sea aprobado en referéndum el Tratado de Niza, cuya ratificación por los Quince es imprescindible para la ampliación.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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