Cuarenta ayuntamientos de la Unión Europea critican el endurecimiento de las leyes sobre inmigración

Técnicos, directivos y políticos de unos 40 ayuntamientos de la Unión Europea (UE), entre ellos Bruselas (Bélgica) y Dublín (Irlanda), criticaron ayer la actual legislación sobre inmigración existente en Europa y su endurecimiento a través de las modificaciones legislativas que están haciendo muchos países, entre ellos España. Según los expertos, que se reunieron en la X Conferencia anual Europea de Servicios Sociales celebrada ayer en Barcelona, las leyes son claramente excluyentes y en muchos casos inaplicables, aspecto que dificulta el trabajo de los servicios sociales y deja indefensa a gran parte de los inmigrantes extracomunitarios.

'Las propuestas para afrontar el fenómeno de la inmigración no pueden basarse sólo en modificaciones legislativas excluyentes de leyes que no han sido capaces de ejecutarse en los diversos países europeos', reza el texto de las conclusiones extraídas en la conferencia.

Según los expertos de estos ayuntamientos, sus ciudades disponen de instrumentos suficientes como para satisfacer las necesidades de gran parte de los inmigrantes. Sin embargo, añaden, la ley no es efectiva y no expulsa a todos los sin papeles, por lo que un gran número de inmigrantes, precisamente por su condición de irregulares, queda desprotegido y no se le puede ayudar como es debido.

Por ese motivo, y apesar de no estar de acuerdo con la política excluyente de estas leyes, algunos técnicos apuntan incluso que sería preferible que los inmigrantes considerados irregulares fuesen expulsados, ya que si se quedan en sus ciudades no van a poder recibir una asistencia digna. 'Sobre todo, teniendo en cuenta las modificaciones legales que se prevén, que suponen medidas muy endurecedoras', añade Núria Carrera, teniente del acalde del Ayuntamiento de Barcelona.

En este sentido, el Gobierno ha anunciado algunas de sus reformas de la ley, entre las que se incluye castigar penalmente la contratación de los sin papeles, suprimiendo así las vías de regularización automática que establece la ley para aquellos 'que acrediten una permanencia continuada en territorio español durante un mínimo de cinco años'.