350 inmigrantes se encierran en una universidad de Sevilla en demanda de su regularización

Un grupo de 350 inmigrantes sin papeles venidos de la comarca fresera de Huelva se encerró ayer por la mañana en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Los trabajadores, que son en su mayoría magrebíes, reclaman su regularización al Gobierno. Muchos de ellos forman parte del grupo que protagonizó similares protestas en distintos edificios de la capital onubense el pasado año, en junio. Recuerdan que entonces la patronal agrícola les ofreció precontratos de trabajo y el Ejecutivo central se comprometió a regularizarlos. Ahora denuncian que las promesas fueron incumplidas.

Un año después de aquel acuerdo alcanzado con Freshuelva, la patronal del sector, y con el Gobierno, los inmigrantes denuncian que siguen sin tener papeles. En una nota difundida ayer, y suscrita por la Asamblea de Trabajadores Jornaleros Inmigrantes de Huelva, éstos afirman que el encierro iniciado en la Universidad Pablo de Olavide será de carácter indefinido hasta conseguir la regularización 'inmediata' de su situación legal.

Los encerrados demandan permisos de residencia y de trabajo para realizar 'legal y dignamente' los trabajos que habitualmente desarrollan en el campo andaluz. Y piden a la Delegación del Gobierno en Andalucía que tramite su regularización, y al Gobierno central que modifique la Ley de Extranjería para poder permitir la regularización de todos los inmigrantes sin papeles.

Coordinados por miembros del sindicato CGT, la Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (ODITE) y otros colectivos que forman una red andaluza de apoyo a los inmigrantes, los trabajadores fueron llegando en grupos escalonados durante toda la mañana a las instalaciones universitarias. Viajaron desde la provincia de Huelva en las líneas regulares de autobuses. Venían de Cartaya, Mazagón, Palos de la Frontera, Lepe y Moguer y proceden en su mayoría de Marruecos, Mauritania y Argelia; aunque también hay algunos subsaharianos, de Mali o Costa de Marfil.

Cobijados en los dos pabellones polideportivos que la Universidad Pablo de Olavide puso a su disposición, muchos de ellos sin conocimientos de castellano, los inmigrantes narraban la situación que han vivido en los últimos meses en la comarca fresera, donde han sido desplazados este año por trabajadoras de Europa del Este que han ocupado los puestos de trabajo que anteriormente desempeñaban los encerrados.

Decio Machado, uno de los españoles miembros de ODITE que ayer colaboraba con los inmigrantes, explicó que han vivido los últimos meses en chabolas en los alrededores de los pueblos en los que se cultiva la fresa, 'trabajando por menos de 30 euros diarios sólo aquellas jornadas en que los contratados descansaban, explotados por los empresarios, con una clara sensibilidad xenófoba, responsables junto con la Administración de la situación creada'.

Fruta, leche y agua

Uno de esos inmigrantes encerrados en Sevilla es Kadir, de 46 años y natural de Argelia, donde tiene esposa y cinco hijos. Lleva nueve meses en España, sin papeles, y ha trabajado los tres últimos en Huelva, de forma esporádica, según su relato. Junto a sus compañeros, Kadir no comió nada hasta las 16.00, cuando la red de apoyo empezó a repartirles los alimentos recopilados durante la mañana: fruta, leche y agua.

El de la logística era el principal problema que los inmigrantes tenían a última hora de la tarde. Un grupo de portavoces de los encerrados se reunió a las 18.00 con el comité que la dirección de la universidad nombró para, a partir de ahora, coordinar la asistencia a los inmigrantes. Entre los representantes de la institución está la vicerrectora Ana Pérez y uno de los adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz. El titular de la institución, José Chamizo, que ya intervino en la resolución del conflicto del pasado año en Huelva, ha sido nombrado mediador en este encierro tanto por los inmigrantes como por la universidad y acudió ayer tarde al centro para interesarse por la situación de los temporeros.

De esa reunión salió la decisión de ceder a los inmigrantes un tercer pabellón, que cuenta con ventilación. La universidad se ha comprometido también a colaborar en las gestiones con organizaciones no gubernamentales y administraciones para que los inmigrantes puedan tener cubiertas las necesidades básicas durante el tiempo del encierro. Concretamente, la universidad mantiene contactos con Cruz Roja, Cáritas, ylos ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

Este último se comprometió a facilitar hoy el desayuno a los encerrados, que se encargarán de la limpieza de las instalaciones. La rectora, Rosario Valpuesta, garantiza la convivencia y el respeto mutuo entre los inmigrantes y la comunidad universitaria mientras dure el encierro y descartó la posibilidad de pedir a la Delegación del Gobierno ningún tipo de intervención policial.