Los jueces dictan el internamiento de 210 inmigrantes y dejan en libertad a 65 en Sevilla

Los dos jueces de Dos Hermanas encargados de resolver la situación de los 275 detenidos en el desalojo del encierro de inmigrantes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla dieron en la tarde de ayer por finalizado su trabajo con el visto bueno al ingreso en un centro de internamiento de 210 de estos extranjeros, según fuentes de la Fiscalía y de la policía de Sevilla. Los otros 65 inmigrantes abandonaron los calabozos de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla a lo largo de la madrugada y primeras horas de la mañana de ayer. Según fuentes judiciales, alrededor de una treintena de estas personas tiene alguna posibilidad de conseguir su permiso de residencia en España, mientras que en los restantes casos los expedientes policiales estaban incompletos. Alrededor de una docena, según fuentes policiales, dispone de un plazo de 15 días para abandonar España tras notificárseles el rechazo a peticiones de regularización presentadas con anterioridad al encierro en otras provincias.

No obstante, en todos los casos el proceso administrativo sigue su curso y se les ha incoado expediente de expulsión, por lo que disponen de 48 horas para presentar sus correspondientes alegaciones, en cuya redacción trabajaba a toda prisa al cierre de esta edición el equipo de abogados de oficio.

Y es que este caso, debido a la gran cantidad de personas afectadas, se ha visto muy condicionado por los plazos legales. Así, desde que en la mañana del pasado jueves ingresaran los 275 inmigrantes en las instalaciones, el trabajo policial y judicial ha sido frenético. La falta de previsión o el error a la hora de calcular el número de inmigrantes que había en el campus universitario el día de la intervención policial motivó que 80 de los expedientes de expulsión se presentaran ante el juez a primeras horas de la madrugada del domingo, cuando los jueces y secretarios, trasladados ad hoc a las dependencias policiales, se habían ido a dormir.

Los expedientes quedaron registrados, se tensó la legalidad y se salvó el límite de 72 horas de detención, al menos para 210 casos. Sin embargo, estos 80 inmigrantes no quedaron en libertad, ya que los jueces no empezaron a ver sus casos hasta la mañana. Posteriormente, fueron trasladados en furgones hasta el centro de inmigrantes de Ceuta. Éste no es un lugar previsto para el internamiento de extranjeros, pero un rápido acuerdo entre los ministerios de Trabajo e Interior ha conseguido que se convierta en tal durante algunos días. En el centro ceutí se internará a 130 inmigrantes; el resto, hasta 210, se repartirán entre Madrid, Málaga y Murcia.