La llegada de 100 nuevos inmigrantes forzó el desalojo del campus de Sevilla

La rectora de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Rosario Valpuesta, decidió en la tarde del pasado miércoles que había llegado el momento de acabar con el encierro que habían iniciado más de 430 inmigrantes en el campus sevillano el pasado 10 de junio. Las fricciones entre los encerrados y algunos trabajadores de la universidad, el deterioro de la salud de algunos de ellos y sobre todo la llegada al campus de unos cien inmigrantes más en los últimos días llevaron a la junta de gobierno de la UPO a pedir la intervención policial, realizada sin incidentes en la madrugada de ayer. Hubo 273 detenidos.

Los extranjeros fueron esposados y trasladados a las seis y media de la madrugada

Entre los 273 inmigrantes detenidos ayer en el campus sevillano por la policía figuraba un centenar que se habían incorporado al encierro en los últimos días. Este flujo de nuevas entradas ha sido uno de los argumentos de más peso que ha decidido a la rectora de la UPO a pedir la intervención policial para desalojar el campus, que comenzó a las seis y cuarto de la madrugada. 'Teníamos constancia de que entraban inmigrantes nuevos', dijo.

El anterior ministro del Interior, Mariano Rajoy, había declarado cuando comenzó el encierro que la rectora no debía preocuparse por un eventual desalojo policial del campus e insinuó en tono irónico que acabaría pidiendolo ella.

Estas nuevas incorporaciones explican que hubiese 273 detenidos pese a que la propia universidad calculaba que permanecían encerrados sólo entre 150 y 170 personas, todas de nacionalidad argelina excepto la rumana Adriana Covaci. Más de 430 inmigrantes se encerraron en el recinto universitario casi en vísperas de la cumbre de la Unión Europea, celebrada en Sevilla el pasado junio, para reclamar una regularización colectiva.

La negativa del Gobierno a dar 'papeles para todos', como pretendían, dejó como única salida posible la tramitación individual de los expedientes. Cerca de 200 inmigrantes accedieron a entregar sus documentos al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, y se creó una comisión jurídica en la UPO para tramitar las salidas individuales y derivarlas hacia las provincias de residencia habitual de los extranjeros. La mayoría de estos 200 abandonaron en diferentes grupos el encierro, como exigía la Administración para que se estudiasen sus casos, pero en la UPO decidieron permanecer entre 150 y 170, que no confiaban en la oferta de Chamizo. A estos se agregaron alrededor de un centenar de recién llegados.

Pero la UPO no sólo pidió el desalojo por el aumento de encerrados. A juicio de la junta de gobierno de la universidad, la 'violencia interna' entre los inmigrantes había aumentado en los últimos días e incluso 'el derecho a la vida de alguno de ellos había estado en peligro'. Según la universidad, un grupo de encerrados impedía el abandono libre de los demás y prohibía la hospitalización de quienes estaban enfermos. Además, la junta de gobierno aseguró que la continuidad de la protesta impedía el desarrollo de obras en la zona de los pabellones que ocupaban los encerrados.

Un nutrido grupo de agentes de las unidades de Intervención y de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía llegó a las 6.15 horas de ayer al campus de la Pablo de Olavide. Con la ayuda de un helicóptero que revoloteaba iluminando la zona con sus focos y una unidad a caballo, los agentes arrinconaron, alinearon y esposaron a los 273 personas allí encerradas. Poco después, los inmigrantes fueron trasladados hasta el gimnasio de la sede de la Jefatura Superior de Sevilla, donde, de uno en uno se les fue identificando y filiando. Fuentes policiales aseguran que los 273 inmigrantes podrían permanecer en la sede de la Jefatura de Policía sevillana hasta el próximo sábado.

El proceso legal es lento, ya que se manejará en bloque. En primer lugar, se les identificará y comprobaran si alguno de los ahora detenidos tiene algún proceso judicial abierto. Tras esto, los inmigrantes van pasando a otra dependencia a la espera de que la Brigada de Extranjería de la policía les entreviste ante abogado e intérprete y abra su correspondiente expediente, valorando la situación legal en cada caso.

Según el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, al menos una treintena de ellos ya tenía sus expedientes de regularización los suficientemente avanzados como para obtener sus permisos de residencia 'incluso si se les aplicara la Ley de Extranjería de la manera más estricta'. Chamizo cifra en otros 30 los que tenían 'muchas posibilidades' de culminar con éxito su proceso de regularización. El defensor espera que el Gobierno actúe con 'generosidad' ante estos casos.

Tras las diversas actuaciones policiales, los 273 expedientes llegarán a la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en donde se decidirá quiénes pueden obtener papeles o, en su caso, pedirle al juez de Dos Hermanas encargado del caso que solicite la expulsión del país.

La policía tiene un plazo de 72 horas para realizar sus trámites y aquellos a los que se les incoe expediente de expulsión tienen otros tres días para presentar alegaciones. Así, aquellos que tengan expedientes abiertos por esta situación en otros juzgados tienen derecho a que, si hubiera orden de expulsión, ésta permanezca suspendida hasta la resolución de los procedimientos previos.

Fuentes policiales aseguran que gran parte de los inmigrantes podrían ser trasladados a los centros de extranjeros de Málaga, Murcia y Madrid. Por su parte, el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, aseguró que desde el Ministerio del Interior le habían asegurado que un contingente de los 273 detenidos ayer podría ser trasladado hasta el antiguo cuartel de la Isla de las Palomas, en Tarifa.