Un juez dicta orden de expulsión para 13 de los 271 argelinos detenidos en Sevilla

El Gobierno expulsará de inmediato a 13 argelinos desalojados el jueves en Sevilla que cuentan con órdenes de expulsión anteriores. El futuro es más halagüeño para unos 40 inmigrantes de los 275 detenidos, que podrían quedar en libertad mientras se tramita su regularización. El resto ingresará en centros de internamiento a la espera del desenlace de sus procedimientos de expulsión.

La policía tenía previsto trasladar ayer mismo a un centro de Madrid a 13 argelinos, de los 271 detenidos de esa nacionalidad, para proceder a su inmediata expulsión, decretada por uno de los dos juzgados de Dos Hermanas (Sevilla) que están interviniendo en este caso, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía de Sevilla. Este pequeño grupo contaba con órdenes de expulsión pendientes de ejecución. Uno de ellos, según la comisión jurídica que analizó sus casos durante el encierro, había acumulado incluso tres órdenes de expulsión debido a la falta de coordinación existente entre las distintas Subdelegaciones del Gobierno, que en ocasiones incoan procedimientos de este tipo a inmigrantes que ya tienen alguno en marcha en otra provincia.

Además de estas 13 personas, Interior preparaba trasladar ayer mismo a cerca de otros 20 inmigrantes a Madrid y una quincena más a Murcia; pertenecen al grupo mayoritario, que no se enfrenta tampoco a un panorama halagüeño, será trasladado a centros de internamiento de otras provincias mientras se culmina el procedimiento de expulsión.

La Ley de Extranjería permite que los inmigrantes puedan ser repatriados aunque interpongan un recurso, ya que éste no suspendería la ejecución de la orden. La Administración dispone de 40 días de plazo para ejecutar las repatriaciones. De superarlo, estaría obligada a dejar en libertad a los extranjeros.

Asimismo, un grupo de unos seis inmigrantes quedará en libertad en las próximas horas, aunque se les dará un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el país. En su momento, la Administración no logró notificarles la denegación de su regularización por cambio de domicilio, que ahora se hace efectiva.

Por el contrario, la situación es más favorable para cerca de unos 40 inmigrantes de los 275 detenidos el jueves (la fiscalía asegura que son dos más de lo que dijo Interior el jueves), que podrían quedar en libertad en las próximas horas al contar con expedientes de regularización avanzados, según fuentes del Ministerio del Interior.

Arropada por la junta de gobierno, la rectora de la Universidad Pablo de Olavide, Rosario Valpuesta, reiteró ayer en un comparecencia de prensa los argumentos que motivaron su petición para desalojar a los encerrados: la llegada de cerca de un centenar de nuevos inmigrantes, la 'amenaza' con la ocupación de nuevos edificios universitarios y la 'imposible' convivencia entre los encerrados y la comunidad universitaria.