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El Gobierno sólo cubre el 4% del cupo de 8.374 empleos fijos para inmigrantes

Ecuador, donde 30.000 personas se apuntaron al contingente, sólo ha recibido cuatro ofertas

España sólo ha cubierto 353 (es decir, el 4%) de las 8.374 ofertas de empleo de larga duración para inmigrantes que aprobó el Consejo de Ministros el 21 de diciembre pasado. Hasta el momento, ni una ha sido formalizada. El desfase evidencia el fracaso del contingente de trabajadores extranjeros, que se convertirá en la única vía legal de entrada de ciudadanos no comunitarios si el Ejecutivo lleva adelante la reforma de la Ley de Extranjería. También han quedado en papel mojado los convenios firmados con algunos de los países de procedencia de inmigrantes: hasta el momento, Ecuador, donde 30.000 personas se han apuntado al contingente, sólo ha obtenido cuatro de las 21.195 plazas de temporeros convocadas por el Gobierno.

El Ejecutivo apostó a fondo por el mecanismo del contingente, que ahora se revela como un fiasco, frente a otras fórmulas de incorporación de los inmigrantes al mercado laboral. El pasado 27 de marzo, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la responsable de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, definió el contingente como 'eje fundamental de los flujos migratorios laborales'.

En el texto enviado al Congreso de los Diputados, el Gobierno añadía: 'Se pretende sustituir la entrada espontánea de miles de trabajadores a la busca in situ de un empleo, que frecuentemente se desarrolla en términos de precariedad e irregularidad, por la selección por los empleadores de miles de trabajadores en el exterior, facilitando así una vía digna a una parte de aquéllos que aspiran a trabajar en España, pero no han encontrado medios de hacerlo o no quieren asumir el riesgo de la irregularidad'.

La anunciada selección de 'miles de trabajadores en el exterior' ha quedado reducida a 353, según confirma a EL PAÍS el director general de Ordenación de las Migraciones, Antonio Maceda. Aunque el plazo para hacer nuevas contrataciones no finalizará hasta el 30 de septiembre, el propio Maceda desconfía de que la cifra final aumente sustancialmente, debido entre otras cosas al paréntesis veraniego que se avecina.

'Trato preferente'

El contingente fue aprobado por el Consejo de Ministros. El acuerdo, fechado el 21 de diciembre, anunció la contratación de 10.884 trabajadores de carácter estable y 21.195 de carácter temporal (que hasta este año figuraban fuera del contingente) a lo largo de 2002. De los 10.884 puestos estables, 2.243 fueron destinados al servicio doméstico y han sido cubiertos 27. En cuanto a los 8.641 restantes, España sólo ha conseguido presentar 353 ofertas de empleo. La mayoría de ellas proceden de la provincia de Lleida: 50 son para conductores de camión y de autobús, 116 para el metal, 45 para la construcción..., y han sido remitidas a países del Este de Europa, pero hasta el momento no ha sido cubierta ni una sola.

Las promesas de 'trato preferente' hechas por el secretario de Estado para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, a los Gobiernos que firmaron acuerdos de regulación de los flujos migratorios con España parecen haber sido más respetadas en el caso de las naciones europeas. El Ejecutivo ha firmado acuerdos con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumanía y Polonia. Pero mientras Polonia ha conseguido 5.451 plazas de temporeros, Ecuador (que firmó el convenio un año antes) sólo ha obtenido cuatro. Maceda alega que tanto Polonia como Rumanía fueron más ágiles a la hora de poner oficinas a disposición de los empleadores españoles. Este extremo es negado por el Gobierno de Ecuador: 'Hemos cumplido los plazos acordados con España', asegura el diplomático Leonardo Carrión, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Quito. Los ecuatorianos tampoco han obtenido ninguno de los empleos estables, según fuentes de su Gobierno.

Para explicar el fracaso del contingente de empleos de larga duración, Maceda alude a los empresarios: 'Dicen que la estabilidad económica no ha ido a más. También afirman haber notado un aumento de mano de obra inmigrante a medida que se han ido resolviendo los sucesivos procesos de regularización'.

En este último sentido, el Gobierno no puede llamarse a engaño, porque varias organizaciones, entre ellas CC OO, le pidieron que no convocase contingente para este año hasta que fueran resueltas las solicitudes de regularización, que finalmente han supuesto la inyección en el mercado de decenas de miles de trabajadores. La negativa del Ejecutivo provocó situaciones conflictivas en lugares como Huelva, donde cientos de magrebíes regularizados se vieron desplazados por trabajadoras polacas y rumanas contratadas en sus países conforme a las normas establecidas en el contingente de temporeros.

La última vía de entrada

El pinchazo del contingente es tanto más grave cuanto que será la única vía regular de entrada de inmigrantes para trabajar en España, si el Gobierno lleva a cabo la reforma de la Ley de Extranjería en los términos que ha adelantado el delegado para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda. Tras la supresión, el 14 de enero, del régimen general, Fernández-Miranda ha anunciado que será eliminada la vía del arraigo (documentación del extranjero que demuestra residir de forma ininterrumpida desde hace cinco años en España) y que la reagrupación familiar será limitada a los padres y a los hijos menores de 16 años del residente.

El Gobierno ha explicado que elaboró el contingente aprobado por el Consejo de Ministros a partir de los informes que realizaron las comisiones ejecutivas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), con participación de sindicatos y empresarios. Esos informes fueron la base sobre la que trabajó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tras valorar la situación nacional de empleo y consultar al Consejo Superior de Política de Inmigración.

La fórmula ha fallado a pesar de todas estas cautelas. 'Hay que tener en cuenta que de trata de un sistema nuevo, que obliga a los empresarios a asumir el compromiso de poner los contratos sobre la mesa', alega Antonio Maceda.

Los intentos de este periódico para obtener la opinión del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, fueron infructuosos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de junio de 2002