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El PP niega que en España se violen los derechos de los niños

El presidente de Melilla califica de 'calumnia' el informe de Naciones Unidas y un consejero de Ceuta tilda a la ONU de 'cachondeo'

El reciente informe del Comité de la ONU para los Derechos del Niño que denuncia malos tratos, negación de derechos y expulsiones de menores marroquíes acogidos en Ceuta y en Melilla fue rechazado ayer por Ángeles Muñoz, secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales del PP. También desmintieron los hechos denunciados los gobiernos de las ciudades autónomas, que calificaron el estudio de 'falso y manipulado'.

Ángeles Muñoz dijo que desconoce 'en qué bases objetivas' se basa la denuncia y aseguró que no tiene constancia de que el citado informe haya desvelado ningún dato objetivo y claro. Asimismo, recordó que en España las competencias para aplicar las leyes sobre la infancia están transferidas a las comunidades autónomas e insistió en que Marruecos 'no tiene una actuación de demasiada cooperación' en materia de atención a menores que sirvan como base a la denuncia que hace el comité de la ONU sobre el trato a los niños inmigrantes en España. Muñoz recordó que Ceuta y Melilla son ciudades en las que el número de menores extranjeros no acompañados ha aumentado de forma 'espectacular'. Y agregó que en ocasiones estos niños crean situaciones de violencia.

Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (UPM), fue mucho más lejos y pidió al Gobierno que 'proteste enérgicamente' ante la ONU por 'los infundios y calumnias' difundidas en su informe. Imbroda explicó, además, que la ciudad autónoma gasta anualmente mil millones de pesetas (seis millones de euros) en los cinco centros de menores, cuyos internos tienen 'atención sanitaria y educación, están bien vestidos y bien alimentados y tienen educadores que trabajan por su integración social'. Lamentó que esta denuncia se haga poco después de que 'un vigilante se haya debatido entre la vida y la muerte por la paliza que le dieron unos menores'.

'La ONU es la organización del cachondeo, venga a decir barbaridades e informes, pero que vengan aquí y vean la realidad'. Así se expresaba ayer al respecto Mohamed Chaib, el consejero de Asuntos Sociales de Ceuta. Chaib se mostró, sin embargo, conforme con un aspecto del informe: el que insta al Gobierno a a dotar a Ceuta y a Melilla de los recursos financieros necesarios para hacerse cargo de los menores.

Averiguaciones de Rajoy

La secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, exigió al ministro del Interior, Mariano Rajoy, que investigue los hechos y que atienda las peticiones de ese partido 'de comparecer en el Parlamento para explicar sus averiguaciones'. Rumí insistió en que 'es una evidencia que las devoluciones de los menores no se están produciendo con arreglo a la normativa, puesto que antes de devolver al menor hay que cerciorarse de que existe una familia en condiciones de atenderle, pero a las 48 horas vuelven a estar aquí'. En este sentido dijo que 'ambas ciudades necesitan colaboración y una acción política eficaz y ágil por parte del Gobierno, necesitan medios humanos y materiales', explicó, además de recordar que se hace precisa 'una cooperación con Marruecos'.

Por su parte, el líder de IU, Gaspar Llamazares, redundó en la gravedad de los hechos denunciados y en la cuestión de que sea un organismo como la ONU el que indique que se 'vulneran derechos fundamentales', informa Andreu Manresa. El coordinador de IU recordó que 'ya llueve sobre mojado' -los mismos hechos ya los pusieron en evidencia informes anteriores de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo español- y dijo que espera que Aznar no vaya a hacer frente a la ONU llamándole 'hipócrita', al igual que 'ha descalificado' a los obispos vascos.

El presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Rafael Lara, instó ayer a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central a intervenir 'de inmediato' para garantizar los derechos humanos de los menores inmigrantes en Ceuta y Melilla, informa Fernando Pérez Monguío. 'Hay una situación de violación de la legalidad que debió ser erradicada hace tiempo', criticó Lara, quien emplazó al Ejecutivo a destituir 'fulminantemente' a los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. Además, señaló que la denuncia de la ONU confirma el 'drama que padecen cientos de menores' y 'desmiente la postura cínica' de las autoridades en estas dos ciudades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de junio de 2002