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El delegado de Inmigración dice a los encerrados de Sevilla que "se vayan a casa"

Rajoy dice que quiere hacer una ley común para que ningún país de la UE sea 'un coladero'

"Cuando uno va a buscar trabajo a un país y no lo encuentra, lo que tiene que hacer es volverse a casa". Así se manifestó ayer en Oviedo el secretario de Estado para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, respecto al encierro que mantienen 350 inmigrantes, en su mayoría magrebíes, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Fernández-Miranda añadió que los encerrados han elegido "la peor vía posible para entenderse con la sociedad española", y les pidió que "sean conscientes de que la Ley de Extranjería está hecha para cumplirla y respetarla".

El secretario de Estado para la Inmigración hizo estas declaraciones en Oviedo, donde participaba en las deliberaciones del jurado del Premio de Cooperación Internacional que otorga la Fundación Príncipe de Asturias. Fernández-Miranda aseguró que, más que los encierros de protesta, lo que preocupa al Gobierno y a la Unión Europea es "la inmigración ilegal". Y en ese sentido remarcó que la cumbre europea de Sevilla prevista para los días 21 y 22 de este mes será un momento "definitivo". En cualquier caso, y en una nueva referencia a los encerrados de Sevilla, dijo: "En España no hay trabajo para todos los que simplemente decidan venir a trabajar aquí, y mucho menos en condiciones de ilegalidad".

También el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, se refirió en Madrid, con cierta dosis de ironía, a la situación de estos inmigrantes encerrados que reclaman papeles para poder trabajar en España. Rajoy respondió a la negativa de la rectora a que intervengan las fuerzas policiales para desalojarlos: "No intervendremos. Nosotros, naturalmente, estamos a lo que diga la rectora, hasta ahí podíamos llegar". Después, en el mismo tono, el ministro comentó que estos encierros se han producido también en otras universidades, como la de Santiago, donde la policía intervino después de que "un grupo de pacíficos ciudadanos democráticos" entrara en el rectorado y se "llevara por delante todo lo que les parecía oportuno y conveniente". La policía actuó en este caso, precisó Rajoy, sólo porque así se lo pidieron.

La ironía continuó: "Si cualquiera de ustedes, en su casa, son invadidos por alguien y se dirigen al Ministerio del Interior, yo automáticamente procedo, porque es mi obligación, a expulsar a los que les han invadido. Ahora bien", continuó, "si no quieren que yo vaya, yo no iré, de ninguna manera".

Sus declaraciones fueron acogidas con sorpresa e indignación por Rosario Valpuesta, rectora de la Universidad Pablo de Olavide, informa Sergio Mellado. "Le diría al señor Rajoy que la universidad no es una propiedad privada de la rectora, a la que le toca gestionar de manera democrática un servicio público, sino que es un espacio que implica la libertad en el pensamiento, ideas y opiniones, lo que es del todo incompatible con una intervención siempre que no haya daño a los bienes, personas o ideas", dijo.

En una línea similar a las declaraciones de Fernández-Miranda y Rajoy, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, insistió en Sevilla en la obligación de "cumplir la ley en un Estado de derecho". "La ley debe cumplirse", dijo varias veces en referencia a los inmigrantes encerrados en la capital andaluza.

Múgica se refirió a su homólogo en Andalucía, José Chamizo, quien está con los inmigrantes, dijo, "tratando de solucionar esta situación que no es buena para nadie" y confió en que "tenga éxito". "Yo no tengo por qué alinearme con él; sólo puedo decir que es un hombre de gran generosidad y bondad y eso es lo que dicta sus comportamientos", añadió.

Chamizo, por su parte, señaló en defensa de los encerrados: "Estamos acostumbrándonos a los trabajadores a la carta y no se puede decir el magrebí no vale, pasamos al ecuatoriano, éste no vale y pasamos a los del Este".

En todo caso, y pese al discurso del Gobierno y de Múgica de firmeza frente a los encerrados, el ministro Rajoy quiso desmarcarse ayer de las declaraciones que Fernández-Miranda hizo el pasado día 5 anunciando una drástica modificación de la Ley de Extranjería en la que se suprimiría el "arraigo" como vía para obtener la regularización y se limitaría el "reagrupamiento familiar" como sistema de regularización de inmigrantes irregulares.

El ministro dijo que él sólo se responsabiliza de sus propias declaraciones y subrayó que el Gobierno sólo hará un "ligero retoque" -cuyo alcance no precisó- a la ley en vigor para luchar de forma más eficaz contra las "mafias" y contra la "ilegalidad". Y todo ello, subrayó, con la pretensión de que la política de inmigración sea "común" para toda la UE.

Esa unificación de criterio, subrayó Rajoy, será "objetivo prioritario" en la cumbre de Sevilla del día 21. "Estoy empeñado en hacer una norma común para todos los países de la UE". Rajoy argumentó que esa unidad de criterio es la única vía para que un país de la UE no se convierta en "coladero" del espacio común europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 2002