Fomento financiará obras públicas con capital privado para salvar el déficit cero

El Gobierno ha abierto las puertas al capital privado para que financie un 20% de los 114.129 millones de euros de su macroplan de infraestructuras con el objetivo de mantener a salvo el déficit cero. La nueva Ley de Concesiones, aprobada ayer, no incluye el paquete de incentivos fiscales que reclamaba el sector. A cambio, otorga a las compañías una serie de pagos en especie, como permitir a las concesionarias de autopistas explotar, por ejemplo, las áreas de servicio anexas, aunque les obligará a bajar el peaje si su tráfico o beneficios superan el nivel previsto.

El ambicioso plan de infraestructuras que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha con el objetivo de renovar y ampliar la red de carreteras y desplegar la alta velocidad ferroviaria necesita capital privado. Los fondos públicos, tanto estatales como comunitarios, sólo aseguran cerca del 80% de la financiación. La misión de la Ley de Concesiones, inspirada en el equilibrio presupuestario, consiste en atraer a los inversores privados para que aporten el resto a través de un mecanismo mixto de financiación que incluye aportaciones dinerarias y no dinerarias (responsabilizarse de la construcción del tramo concreto de una autovía) y ciertas contraprestaciones.

Las principales novedades de la nueva normativa, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, son las siguientes:

- EXPLOTACIÓN COMERCIAL. Se trata de un pago en especie que permitirá a una empresa privada financiar la construcción de una autopista, el terminal de un aeropuerto o una estación de ferrocarril a cambio de la cesión de terrenos que le permitan la explotación comercial de un aparcamiento, una estación de servicio, zonas de ocio y hasta un hotel. Si lo prefiere, la concesionaria podrá ceder el negocio a un tercero.

- TARIFAS 'ELÁSTICAS'. El texto incluye un denominado principio de 'equilibrio económico-financiero'. Si el tráfico de una autopista es superior al previsto cuando se adjudicó la concesión o sus beneficios son mejores de lo esperado, la compañía deberá ajustar el peaje, es decir, abaratarlo, para compensar el desfase. Pero si, por cualquier circunstancia, las sociedades que explotan autopistas en régimen de peaje no obtuvieran la suficiente amortización de su inversión, podrán seguir exigiendo compensaciones a la Administración. La actual Ley de Autopistas, que data de 1972, sólo contemplaba este último supuesto. Las compensaciones consisten en una subida de tarifas de peajes o una ampliación del plazo concesional. El objetivo es repartir entre capital público y privado los riesgos del negocio.

- NUEVOS PEAJES. La normativa quiere promover dos nuevas modalidades de peaje: el llamado modelo alemán, por el que el Estado abona el precio de la obra una vez construida, y el llamado peaje en la sombra, que consiste en que el concesionario construye y gestiona la vía y la Administración paga en función de los usuarios. Este último método se aplica ya en la carretera M-45 de Madrid, que acaba de abrirse a los conductores. Un dispositivo controla los vehículos que utilizan esta vía a diario.

- VÍAS DE FINANCIACIÓN. Con el objetivo de atraer a los inversores privados, la ley introduce nuevas vías de financiación, como la emisión de obligaciones y otros títulos por parte del concesionario. Así, la sociedad concesionaria podrá titulizar (cobrar por adelantado de los bancos, que reciben a su vez esa cantidad en los mercados de capitales mediante activos financieros) los derechos de cobro que tenga sobre los peajes u otros ingresos relacionados con la explotación de la infraestructura. Además, la empresa también podrá hipotecar la concesión para financiarla.

- PLAZOS MÁXIMOS. En las concesiones de construcción y explotación de obras públicas, el plazo máximo será de 40 años, mientras que se reduce a 20 años para las concesiones que sólo contemplan la explotación de una infraestructura. El plazo más largo se reserva para las obras públicas de naturaleza hidráulica (embalses, canales), que será de 75 años.

- GARANTÍA DE COMPETENCIA. La normativa introduce un régimen de incompatibilidades 'para evitar la presentación de ofertas concertadas procedentes de grupos o empresas vinculadas entre sí', según afirmó ayer el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. El establecimiento de este requisito coincide con un momento de concentración en el sector, como la toma de control de Dragados por ACS o la fusión de las concesionarias rivales Áurea y Acesa, que tienen previsto integrar también a Iberpistas.

- SIN VENTAJAS FISCALES. La ley deja fuera los incentivos fiscales reclamados por el sector. A petición del Ministerio de Hacienda, se aplazarán con la intención de integrarlos en la próxima reforma del impuesto de sociedades. Sin embargo, un portavoz de la patronal de las grandes constructoras (Seopan) dijo que la ley permitirá al sector privado participar en los proyectos de infraestructuras 'con mayor seguridad jurídica', informa Europa Press.