Un ambicioso programa con muchas interrogantes

El presidente del Gobierno, José María Aznar, prometió en enero de 2000 una ley marco para implicar a la iniciativa privada en el ambicioso plan de infraestructuras que el Partido Popular tiene como eje de su política de inversión pública para esta segunda legislatura, y que suscita muchas dudas, tanto en el cumplimiento del calendario y la ejecución de los proyectos como en su financiación.

Dicho plan incluye proyectos tan emblemáticos como el AVE que unirá Madrid con Barcelona y Valencia, o 5.700 nuevos kilómetros de carreteras de alta capacidad (autovías y autopistas) como las de Castilla, la de la Plata, la de Sagunto-Somport o las radiales de Madrid.

Pero el calendario de construcción de esos proyectos se está poniendo en duda, como ocurre en el caso del AVE Madrid-Barcelona, de cuyos plazos oficiales dudan tanto las empresas constructoras como la Administración catalana.

La evidencia aún es mayor en el caso de las radiales de Madrid, las autopistas de peaje que desdoblarán las congestionadas nacionales, y cuyo retraso se ha hecho ya palpable incluso en el BOE.

En cuanto a los fondos, del total previstos para acometer tales obras las distintas administraciones públicas tendrán que aportar aproximadamente la mitad, el 32,5% se prevé que venga de los fondos europeos y el restante 21% corresponderá a la iniciativa privada.

Pero ese reparto del gasto ya se ha comenzado a poner en duda, en primer lugar por las instancias europeas. No parece claro que Bruselas esté dispuesto a destinar partidas a obras como el AVE Madrid-Valencia, según se reconocía recientemente en instancias comunitarias. Además, con la ampliación de la Unión Europea para dar cabida a los antiguos países del Este, a partir de 2006 se reducirá a la mínima expresión el maná que viene de los fondos comunitarios. Tampoco cabe recurrir a aumentar la participación del Estado o el resto de las administraciones públicas, porque entonces lo que estará en peligro será el déficit cero, el dogma supremo de la política económica del Gobierno.

Según los expertos, la solución sólo pasa o bien por una reducción del programa o por conceder aún un mayor protagonismo a la iniciativa privada de la que le concede la ley que aprobó ayer el Gobierno. Ésa es, el menos, la solución de las concesionarias de autopistas que creen que al menos la mitad de los citados 5.700 kilómetros de vías de alta capacidad sean de peaje.