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EL ESTADO DE LAS CARRETERAS EN LA PENÍNSULA

El aumento del número de coches deja pequeñas las autopistas y autovías

El tráfico de vehículos ligeros ha crecido un 8,2% durante los primeros cuatro meses del año

No pasa un día sin que el Boletín Oficial del Estado (BOE) convoque a los ingenieros para que redacten proyectos de nuevos tramos de autovías. Las adjudicaciones de obras no van a a esa misma velocidad, pero el Ministerio de Fomento ofrece trabajo a destajo para que su magno programa de Infraestructuras 2000-2007 tenga proyectos listos para poder recibir financiación de Bruselas antes de la ampliación de la Unión Europea. Sobre el terreno, las realizaciones no son tan perceptibles, al menos para los automovilistas que, año tras año, se enfrentan a operaciones salida en Semana Santa o el verano marcadas por atascos kilométricos. Esos problemas circulatorios parecen avalar la tesis de que el tráfico y el parque automovilístico crecen a mayor ritmo que la red de carreteras que lo soporta, como mantienen organizaciones tan dispares como Automovilistas Europeos Asociados o la Asociación Española de la Carretera.

El Gobierno quiere ampliar de 8.000 a 13.000 los kilómetros de autopistas y autovías
La principal duda del plan es de dónde van a salir los 39.800 millones de euros que cuesta
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En los primeros cuatro meses de este año la tasa de incremento del tráfico ha sido de casi un 6%, superior a la del año pasado (un 4,8%) para el mismo periodo. Estas cifras se elevan todavía más si se consideran solamente los vehículos ligeros, que crecieron un 8,2%, frente a sólo un 0,6% de los camiones, lo que demuestra, según apuntan los expertos, que el nivel de consumo de los ciudadanos españoles va incluso por delante del crecimiento de la economía en general.

El Gobierno redobló sus esfuerzos para conseguir acortar ese desajuste. Desde mayo de 2000, se han licitado y adjudicados obras para vías de alta capacidad (autovías y autopistas) por una longitud total de 815,4 kilómetros, informa Ramón Muñoz. Sólo en 2001 se licitaron 360,5 kilómetros, un 87,% más que en todo el año anterior, por un valor de 257.845 millones de pesetas.

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Pero todavía queda mucho por hacer. España tiene actualmente una red estatal de carreteras de más 8.000 kilómetros de vías de alta capacidad (autovías y autopistas). El plan de infraestructuras del Gobierno prevé incrementar esa red hasta los 13.000 kilómetros, convirtiéndola en una de las más completas de Europa.

Pero el plan, eje de la política no sólo de infraestructuras sino de la inversión pública del Gobierno de José María Aznar, plantea varias incertidumbres. En primer lugar, el retraso en muchos de los proyectos emblemáticos del mismo, debido a las dificultades que diversos grupos ponen a los trazados previstos, sobre todo en las declaraciones de impacto medioambiental, que causan un importante desajuste en los planes del Ministerio de Fomento, el brazo ejecutor de la política de carreteras del Gobierno.

Proyectos retrasados

Entre los proyectos retrasados se encuentran varios tramos de la N-VI (San Rafael-Segovia y Ávila-Villascastín); de la N-344 (Murcia-Jumilla); de la N-III (la variante de Albacete); en la N-V (variante de Talavera) o la autovía Sagunto-Somport.

Sin embargo, el punto más débil (y quizá el más visible) de la imprevisión de los planes oficiales son las radiales de Madrid, las autopistas de peaje llamadas a descongestionar el intensísimo tráfico en los accesos y salidas de la capital que, con el BOE en la mano, ya acumulan más de un año de retraso y cuyo calendario de obras nadie se atreve a revelar.

El segundo flanco de dudas que plantea el plan de infraestructuras es la financiación; es decir, quién va a pagar los 39.800 millones de euros que cuestan las autovías y autopistas previstas en el plan. Según el Gobierno, aproximadamente el 30% del total vendrá de Europa, pero desde Bruselas ya han avanzado que la ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este, mucho más carentes de infraestructuras, no garantiza que lleguen los fondos para el ambicioso plan del Gobierno de Aznar.

Tampoco está muy claro que la iniciativa privada vaya a aportar el 21% de esos fondos, en contra de lo que se ha planificado. El Gobierno quiere movilizar a constructoras y concesionarias mediante la Ley de Concesiones de Obras Públicas que ya se tramita en el Parlamento. Entre los alicientes que se plantean en ese texto legal se encuentra el de otorgar permisos para explotar áreas de servicio (incluyendo hoteles y gasolineras). Pero las empresas quieren, además, que se les concedan incentivos fiscales y mayores plazos de concesión.

Pero es que incluso la financiación pública proveniente de las distintas Administraciones españolas está en peligro. Según las previsiones del Ministerio de Fomento, en la presentación de su plan contemplaban un escenario de crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) anual del 3,2%. Este año está siendo del 2,2%, y las previsiones para 2003 se han rebajado al 3%. Una crisis económica más pronunciada podría poner en peligro los recursos públicos para ejecutar el plan.

Lo cierto es que inauguraciones de relumbrón al margen (la última, la de la autopista Estepona-Guadiaro, la vía de enlace entre las provincias de Málaga y Cádiz) muchos de los tradicionales tramos de atascos se mantienen.

La autovía del Cantábrico apenas avanza por Asturias, lo que convierte en un calvario recorrer su litoral. Lo mismo sucede con la N-340 en los tramos Cádiz-Algeciras y Málaga-Almería; el eje transversal entre Valencia y Francia (Somport) a través de Aragón; la Ruta de la Plata llamada a enlazar Andalucía occidental con todo el noroeste, el acceso de Granada a la costa, el tramo sin desdoblar de la N-II entre Igualada y Cervera o los ocho kilómetros del puerto de Etxegarate, en la N-I.

Son tramos cuyo recorrido es un martirio desde hace más de 20 años. En el último caso mencionado, el del puerto de Etxegarate la responsabilidad recae en la singularidad competencial del País Vasco que derivó todas las carreteras, incluidas las que soportan tráfico internacional, a las diputaciones, entre cuyo electorado no será fácil que se encuentren los 8.000 camioneros que a diario recorren ese puerto entre Lisboa y París jugándose la vida.

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