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La piratería intelectual destruye 100.000 empleos al año en la UE

Concluye hoy un seminario internacional

No hubo lugar para los eufemismos en el debate sobre los efectos de la piratería intelectual que se inauguró ayer en Madrid. Se la denominó un 'cáncer' y una 'epidemia' que envuelve a la UE. Durante dos días, 230 miembros de los sectores implicados, llegados de 30 países de Europa y América, reclamaron una mayor conciencia y un endurecimiento de la normativa para combatir un delito que supone entre el 7% y el 8% del comercio mundial y pérdidas anuales de 15.000 millones de dólares (16.600 millones de euros) en el mundo. En Europa provoca la destrucción de 100.000 puestos de trabajo.

En el seminario La defensa de la propiedad intelectual en la Unión Europea, organizado dentro de las actividades de la presidencia de la UE, que se celebra en Madrid, ayer y hoy, se intenta que lo dicho no quede en un brindis al sol. Se empezó por apelar a la conciencia social para combatir un fenómeno que, en el caso del top manta, España se lleva la palma, junto con Grecia, dentro de la UE. El secretario de Estado de Cooperación, Miguel Ángel Cortés, puso un ejemplo muy gráfico: 'Hay que poner en un extremo de la balanza al 'pobre inmigrante', al mantero; en el otro, al artista rico, que viaja en jet privado y vive en una mansión. Al final, el consumidor se inclina por el 'pobre mantero'. Y mientras no seamos capaces de invertir los valores y pensar que el mantero no es más que una víctima más de las mafias, no se avanzará'.

El presidente de Interpol, Jesús Espigarés, lamentó que no exista 'ni un repudio social ni un sentimiento de culpabilidad', y no le cupo la menor duda de que los delitos contra la propiedad intelectual los genera la delincuencia organizada.

Se dieron algunas cifras, que año por año aumentan vertiginosamente: la piratería intelectual provoca en la UE la destrucción de 100.000 puestos de trabajo, dijo el secretario de Estado para la UE, Ramón de Miguel. En el caso de los discos, el presidente mundial de EMI Music, Alain Levy, apuntó que el 40% de los CD y cintas de casete que se venden en el mundo son piratas; en total: 1.900 millones de unidades y pérdidas de 4.300 millones de euros. La industria legal mueve en Europa 12.000 millones de euros, da trabajo a 600.000 personas y genera 1.900 millones de euros en impuestos. En España, añadió, la piratería musical alcanza el 40%, el octavo puesto en el mundo en una lista en la que Grecia, China, Indonesia, Rusia y México están en cabeza.

Levy fue muy concreto a la hora de reclamar medidas que deben aplicarse en el sector discográfico: potenciar los juicios rápidos, que la policía tenga la posibilidad de destruir lo incautado, aumento de las penas de cárcel de 3 a 4 años para los delincuentes, reducción del IVA y creación de unidades policiales especiales para combatir la piratería. Levy puso el ejemplo de la lucha contra el tabaco de contrabando, 'que se ha ganado'.

En cuanto a las detenciones realizadas por la Guardia Civil en España relacionadas con la piratería intelectual, han crecido de 77 en 1998 a 889 en 2001, dijo Luis Vallés, jefe del departamento de delitos económicos del Ministerio del Interior. Desde 1998 se han producido en total 2.934 intervenciones y se han incautado mercancías por valor de 220 millones de euros.

De este seminario saldrán, además de los datos, propuestas concretas para combatir el delito intelectual en la UE. Entre ellas, la creación de un observatorio europeo, la aplicación de la euroorden por la que se sustituye el trámite de extradición (muy lento) por la orden de búsqueda y captura (más rápido) y la ampliación de las competencias de Europol. 'Los piratas pueden tomar ventaja de la debilidad e inconsistencia de las políticas locales de los países de la UE', advirtió Francisco Mingorance, director de política europea de Business Software Alliance. 'Y es muy probable que empeore cuando aumente el número de países miembros de la Unión Europea'. Los países de la UE tienen de plazo para armonizar la legislación hasta 2004. Sin embargo, 7 países (entre ellos España) se han comprometido a adelantar la fecha al primer trimestre del año que viene.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de mayo de 2002