Asturias aprueba una ley que permite a las parejas homosexuales recibir niños en acogida

Las parejas homosexuales domiciliadas en Asturias podrán acoger a menores. Así lo establece la Ley de Parejas Estables aprobada ayer en el Parlamento asturiano con los votos favorables de PSOE, IU y Unión Renovadora Asturiana (URAS), partido constituido por escisión del PP. En contra de la ley sólo votó el PP, que considera que la norma invade competencias del Estado porque modifica el concepto de familia. La ley, aplaudida por los colectivos homosexuales, equipara las parejas de hecho con los matrimonios sin discriminarlas por su tendencia sexual.

Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares ya han aprobado leyes de parejas de hecho. La normativa navarra, debido a su sistema foral, es la única que incluye la adopción de menores a las parejas homosexuales. Ello ha motivado un recurso del PP ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales.

La ley asturiana evita legislar sobre adopciones y se ciñe a los acogimientos, cuya regulación le ha sido transferida (la adopción, a diferencia del acogimiento, genera derechos paterno-filiales y vínculos familiares). Sin embargo, el Partido Popular regional ha anunciado que estudiará la posible presentación de un recurso por invasión de competencias de la Administración central.

'La norma asturiana supone un importante avance en el reconocimiento de los derechos en las parejas homosexuales. Es la primera comunidad autónoma sin derecho civil propio que reconoce el derecho de las parejas gays al acogimiento familiar', señaló ayer el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays, Pedro Zerolo.

La ley del Principado equipara a las parejas de hecho, sean hetero u homosexuales, con los matrimonios en cuantos aspectos sean competencia autonómica (la adjudicación de viviendas, las prestaciones sociales, o las medidas de protección a la familia, por ejemplo).

La nueva norma permite a la pareja estable (que ha de tener como mínimo un año de convivencia, salvo que cuente con hijos comunes) 'regular válidamente las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia, mediante documento público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y deberes, en el que también podrán incluir las compensaciones económicas que convengan para el caso de disolución de la pareja'.

El Gobierno socialista asturiano y los tres grupos políticos que dieron su aprobación a la nueva regulación se amparan en que en la Constitución no hay referencia alguna a un 'modelo de familia determinado ni predominante' y que, por el contrario, se determina que es obligación del legislador asegurar que toda agrupación familiar se produzca en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, sin que de ello deriven consecuencias discriminatorias. A tal fin, la nueva norma invoca la resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales en el ámbito de la Unión Europea.Inmaculada González, diputada del PP, explicó que su grupo 'no se opone a la regulación de las parejas de hecho, pero sí a cómo lo ha hecho el Gobierno asturiano'. Para Inmaculada González, el Gobierno socialista de Asturias muestra prepotencia por legislar 'lo que ya está legislado' y 'embauca' a los supuestos beneficiarios de la norma. 'Vincular la libertad sexual con el acogimiento de menores no es correcto. El bien a proteger es el menor y no es ético instrumentalizar a los niños', añadió.

El consejero de Asuntos Sociales del Principado, José García, promotor de la iniciativa, insistió en que el Principado tiene 'competencias exclusivas' en materia de organización de sus instituciones de autogobierno, vivienda, asistencia y bienestar social y protección y tutela de menores.

El consejero explicó que con esta ley 'el Principado viene a dar normalidad legislativa a lo que es un hecho social reconocido'. 'El matrimonio convencional no es la única forma de convivencia familiar ni la única vía de entrada en la vida conyugal', añadió. En similares términos se manifestaron los portavoces de los tres grupos parlamentarios que respaldaron el proyecto de ley: PSOE -que tiene mayoría absoluta-, IU y URAS. Noemí Martín (IU) aseguró que se trata de 'un paso muy importante'. Juan Carlos Guerrero (URAS) sostuvo que 'debe darse trato de normalidad jurídica a una realidad social a la que no podemos dar la espalda'.