Ruiz-Gallardón equipara 'en derechos' a las uniones de hecho y a los matrimonios

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón anunció ayer que el reglamento que desarrolla la ley de parejas de hecho equiparará los derechos de las uniones con los matrimonios. Algunas interpretaciones de fuentes cercanas al Ejecutivo madrileño señalan que podría llegar a aprobarse el acogimiento (una tutela temporal) de menores por parejas de gays y lesbianas. El reglamento desarrolla la ley que se aprobó el 19 de diciembre del año pasado. Entonces, el PP se opuso rotundamente a incluir en la ley este derecho porque 'el Código Civil no lo permite'.

El reglamento aprobado ayer tiene 'como finalidad', según el Gobierno regional, 'hacer efectivo el derecho de todos los madrileños, sin discriminación por su orientación sexual, a constituir una unión de hecho en la que se reconozca los mismos derechos que la Comunidad de Madrid reconoce a las parejas que han contraído matrimonio'.

Fuentes del Gobierno regional opinaron ayer que, mediante una corrección en la ley, se podría permitir que las parejas de hecho heterosexuales adoptaran, y que las formadas por dos personas del mismo sexo acogieran menores.

La ley madrileña se asemeja en muchos aspectos a la norma asturiana, que fue aprobada en mayo con el único voto en contra del grupo popular, bajo la acusación de la diputada asturiana del PP, Inmaculada González, de que 'vincular la libertad sexual con el acogimiento de menores' no era 'correcto'. El PP anunció que recurriría la norma ante el Tribunal Constitucional como ya lo ha hecho con la ley navarra, que permite la adopción a las parejas homosexuales.

Código Civil

El PP madrileño había mantenido hasta ahora una actitud contraria al derecho de acogimiento por los homosexuales. Pocos días antes de aprobarse la Ley, la diputada regional del PP, Cristina Cifuentes, se amparaba en el Código Civil para descartar la posibilidad de reconocer ese derecho a los gays y lesbianas. 'El Código Civil no lo permite, y cambiarlo es competencia del Estado', aseguró entonces. Pero expertos en derecho consultados ayer se ampararon en el mismo texto para justificar únicamente que no pueden adoptar, no acoger.

Antes de ello, las parejas de hecho 'de cualquier orientación sexual', según el texto del reglamento aprobado ayer, deberán inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad o de su municipio, cuando éste último exista. El primero comenzará a funcionar a partir del 1 de septiembre. Los registros municipales, por su parte, deberán ser aprobados por las corporaciones municipales respectivas. Ya existen numerosos de estos registros en la provincia, incluidos los principales municipios.

Con la inscripción en el registro, las parejas tendrán 'todos los derechos' de ámbito municipal y autonómico, como el acceso a prestaciones, vivienda protegida o permisos laborales para funcionarios. Para poder inscribirse en el registro, las parejas deberán acreditar que llevan al menos 12 meses conviviendo ininterrumpidamente y de 'forma libre, pública y notoria'. Al menos uno de los miembros de la pareja deberá estar inscrito en la región.

Las parejas podrán, en el momento de la inscripción, elegir el régimen económico de la relación, tanto mientras esta dure como a su término. Los pactos podrán establecer compensaciones económicas cuando, tras el cese de la convivencia, se produzca un desequilibrio económico en uno de los convivientes con relación a la posición del otro que implique un empeoramiento respecto a la situación anterior, según la ley de uniones de diciembre de 2001.

Para evitar que en el contrato se incluyan condiciones abusivas, la ley establece que 'serán nulos y carecerán de validez los pactos contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos o gravemente perjudiciales' para uno de los convivientes. A falta de pacto, se supondrá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unión contribuyen equitativamente al pago de los gastos en proporción a sus recursos.

El PP se opuso, sin embargo, en mayo pasado a votar a favor de la norma asturiana que reconocía el mismo derecho, por considerar que modificaba el concepto de familia.