Birulés dejó de pagar el 70% del dinero presupuestado para ciencia en 2001
Una ejecución del gasto tan bajo es 'escandalosa y no tiene precedentes', según el PSOE
El 70% del dinero presupuestado para investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado no se gastó. Según datos facilitados por el ministerio que encabeza Anna Birulés en el Parlamento, en respuesta a preguntas formuladas por el Grupo Socialista, un 88,3% del capítulo que financia la investigación básica en España no se ha gastado. En la misma situación de no ejecución presupuestaria ha quedado el 61,1% de lo asignado para becas y el 65,8% del Fondo Nacional, que financia la investigación aplicada, gran parte de la biomedicina y la informática.
Las cifras oficiales del dinero de I+D no ejecutado en 2001 suponen que sólo se ha gastado uno de cada diez euros del Programa General del Conocimiento (que engloba la ciencia básica). En concreto, han quedado sin gastar 46 de los 52 millones de euros presupuestados. En el capítulo de becas y movilidad científica y en el Fondo Nacional, la proporción de dinero no gastado es dos de cada tres euros: 36 de los 59 millones de euros presupuestados para becas y 110 de los 167 millones de euros del Fondo Nacional, que abarca la financiación de áreas como biomedicina, biotecnología, información y comunicaciones, materiales, etcétera.
Estas partidas se englobaban antes en el Plan Nacional de I+D y en conjunto sumaban en el Presupuesto 278 millones de euros, mientras que a los investigadores llegaron 86 millones, sólo el 30% del total
'Es un escándalo; una ejecución presupuestaria tan baja no tiene precedentes', comentó ayer a este diario Jaime Lissavetzky, diputado del PSOE. 'Parece mentira que precisamente ahora que España preside la UE se conozcan estas cifras escandalosas. Más aún teniendo en cuenta que somos el tercer país por la cola en la UE por porcentaje del PIB dedicado a I+D. Encima no gastamos ni lo planeado. Que sólo se haya gastado uno de cada diez euros adjudicados a investigación básica da una idea tercermundista de la labor de nuestro Gobierno en I+D'.
La paralización administrativa que pone de manifiesto la bajísima ejecución presupuestaria coincide con la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2000, a cargo de Anna Birulés. El MCYT se apoya en gran medida en lo que era el desaparecido Ministerio de Industria, mientras que antes el Plan Nacional de I+D se gestionaba en el Ministerio de Educación.
Dinero perdido
Según las normas de contabilidad actuales, 'el dinero no gastado del presupuesto anterior es dinero perdido para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que se queda en Hacienda y no se incorpora al presupuesto del ministerio de este año', explicó Lissavetzky. Como el dinero de los proyectos de investigación está comprometido, y como tal, comunicado a los científicos, se pagará, pero en detrimento de lo presupuestado para este año, en opinión del parlamentario socialista, encargado de los temas de ciencia y tecnología.
Mientras tanto, los investigadores no reciben el dinero necesario y comprometido para realizar su trabajo en los laboratorios. Muchos de ellos ya protestaron acerca de su situación a finales del año pasado, porque no llegaba el dinero adjudicado para sus proyectos ya evaluados y oficialmente aprobados hacía meses. El ministerio dijo primero que los pagos estaban al día y sólo reconoció que era 'posible que en algún caso aislado' se recibiera el dinero con retraso. El compromiso de actualizar los pagos no se cumplió a final de año y ya en enero los retrasos seguían haciendo estragos en los grupos de investigación, que sufrían serias dificultades para continuar su trabajo científico.
Ocho sociedades científicas que agrupan a unos 2.000 investigadores de biomedicina enviaron ese mes de enero un duro comunicado al MCYT advirtiendo que los retrasos en los pagos de los proyectos podían obligar a muchos equipos a paralizar completamente su trabajo. Dichas sociedades también advertían: 'El caos financiero no permite mantener la competitividad de nuestros laboratorios'.
En marzo pasado, el secretario de Estado de Política Científica, Ramón Marimón, dijo que los proyectos se estaban cargando a los presupuestos de 2002, pero a fecha de abril muchos investigadores seguían sin recibir los fondos.
Birulés y Marimón han recalcado desde el inicio de su gestión la importancia de articular debidamente la investigación científica y la empresa para superar la gran fisura existente entre los resultados de la investigación y sus aplicaciones. Pero tampoco el programa Profit, orientado a la empresa y englobado en el Plan Nacional de I+D+i, ha salido bien parado de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado. El porcentaje de dinero no gastado en esta partida no es tan alto como en las otras, pero alcanza uno de cada tres euros presupuestados: 50 millones de euros, un 36% del total de esta partida, buena parte de cuyos pagos aún por ejecutar se habían definido como proyectos 'urgentes'.
Becarios sin dinero y sin el estatuto prometido
El Ministerio de Ciencia y Tecnología puso mucho énfasis en definir como una prioridad y como un avance respecto al pasado, la política de becas y de movilidad de los investigadores. Sin embargo las cifras indican que se ha dejado de pagar un 61,1% del dinero presupuestado: 36 de los 59 millones de euros previstos en 2001. 'Los precarios han estado casi dos meses sin cobrar y todavía hay algunos que no han percibido sus retribuciones; además, el prometido Estatuto del Becario, anunciado para hace más de un año, duerme el sueño de los justos', recuerda Lissavetzky, parlamentario del PSOE. No sólo se han retrasado los pagos a los becarios, sino que se han adjudicado menos becas de las previstas, explica el diputado socialista. La alarmante crisis de gestión del ministerio no es algo del pasado, sino que continúa este año. Los proyectos de investigación solicitados el mes pasado, cuyo plazo de presentación tuvo que ser ampliado debido al caos informático que impidió durante varias semanas cumplimentar las solicitudes, aún no han sido remitidos al organismo encargado de su evaluación, comenta Lissavetzky. 'Todo indica que este año se producirán retrasos y el mismo desbarajuste, si no peor', añade.
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