El Supremo israelí pide explicaciones a Sharon por los arrestos masivos

El Tribunal Supremo de Jerusalén exigió ayer al Gobierno de Ariel Sharon que explique y justifique su decisión de otorgar poderes extraordinarios al Ejército para efectuar detenciones masivas de ciudadanos palestinos y someterlos a un periodo de incomunicación de hasta 18 días, sin necesidad de acusarlos formalmente y sin posibilidad de tener abogado. Actualmente pueden estar ocho días incomunicados.

La petición del Supremo, que deberá ser contestada en un plazo de 15 días, se refiere a la circular número 1.500, firmada por el jefe del Estado Mayor, Saúl Mofaz, el pasado 5 de abril y ratificada por el Gobierno, en la que estableció que el Ejército puede efectuar redadas masivas y con carácter retroactivo mantener incomunicados a los detenidos, en un periodo extraordinario y sin necesidad de un permiso previo.

Esta circular ha permitido al Ejército israelí llevar a término, con ocasión de la Operación Muro Defensivo, más de 5.600 detenciones de varones con edades comprendidas entre los 16 y los 50 años, 3.900 de los cuales han sido puestos en libertad, según aseguraba ayer un portavoz del Ejército. Las organizaciones humanitarias aseguran, sin embargo, que el número de detenidos es mucho mayor, ya que a los recluidos en los seis centros de internamiento hay que sumar los arrestados en fase de interrogatorio y selección, en espera de ser enviados a un destino final. El mismo tribunal ha reclamado al fiscal general del Estado que dictamine si la política de 'asesinatos selectivos' de dirigentes de la Intifada está amparada por la legislación o se trata de una práctica ilegal. El mismo tribunal meses atrás rechazó, amparándose en una excusa procesal, una querella presentada por familiares de víctimas de estas operaciones contra el Ejército y el Gobierno de Ariel Sharon.

Las dos decisiones del Tribunal Supremo fueron acordadas ayer al mediodía al concluir un recurso planteado por un grupo de organizaciones de defensa de derechos humanos israelíes y palestinas, quienes consideran que se trata de crímenes de guerra.