Avances concretos

La Unión Europea no puede permitirse más dilaciones en sus reformas económicas ni en su política exterior. En los dos años transcurridos desde el Consejo Europeo de Lisboa, que fijó el objetivo de convertir la UE en una década en la zona 'más competitiva y dinámica del mundo', con pleno empleo, lo que se ha logrado es sumamente parco. La distancia respecto a EE UU, medida en producto interior bruto por habitante, es la mayor desde principios de la década de los sesenta. En inversiones en investigación y desarrollo, o en patentes, la situación ni siquiera es comparable.

Europa necesita un choque de innovación. Ha perdido el impulso vital. Barcelona debe ser la ocasión de recuperarlo, sin quedarse en meros planes o calendarios. Los Quince -que en realidad serán 28 con la participación de los países que negocian su ingreso- deben lograr, como ha pedido Aznar, 'avances concretos', especialmente en materia de liberalización de algunos sectores estratégicos, como el de la energía, los transportes y los mercados financieros.

Acordar medidas reales que permitan a las economías de la UE crecer un 40% y crear 20 millones de puestos de trabajo en ocho años es un reto de enorme envergadura. La proximidad de las elecciones impide al Ejecutivo francés dar pasos decisivos, aún más tras las manifestaciones en Francia contra las liberalizaciones en el sector público. Pero si se quiere liberalizar, el paso ha de ser acompasado para todos. Y si la UE quiere acercarse a los ciudadanos, no vale que la capacidad de elegir entre operadoras se limite sólo a las empresas y se queden al margen los hogares. En España la situación es aún peor para los consumidores pese a la propaganda gubernamental, pues, dados los límites en la interconexión con el extranjero, la liberalización está falseada.

Los Gobiernos deben renunciar a algunas de sus prerrogativas para que la cumbre de la liberalización no sea un fiasco. Entre integración, globalización y descentralización, los Gobiernos se están quedando con escasas competencias, pero si la UE quiere sacar ventajas de su escala debería tener, por ejemplo, una autoridad europea para las telecomunicaciones, y evitar que sean las empresas las que, mediante adquisiciones y fusiones, tengan que saltar las trabas -muchas veces burocráticas- que les exigen los Gobiernos.

Las liberalizaciones a escala europea no pueden hacerse en el vacío, sin contar con la opinión pública. Los participantes en el Consejo Europeo que hoy se inaugura en Barcelona no pueden hacer oídos sordos al clamor de la multitudinaria manifestación de ayer -ejemplar desde todos los puntos de vista-, convocada por los sindicatos europeos para reclamar una mayor Europa social. Los ciudadanos están dispuestos a reformar su modelo, pero no a renunciar a él, como indica cualquier sondeo. Ha sido Jospin quien antes ha enarbolado la bandera de la Europa social, a la que luego han intentado sumarse otros (el PSOE, desde la oposición). El diálogo social que por primera vez ha tenido lugar en Barcelona con ocasión de una cumbre de primavera es una dimensión a reforzar para que las reformas sean cabales. Se ha puesto de manifiesto lo que reflejan las encuestas: para hacer frente a la globalización, los ciudadanos confían más en la UE que en sus propios Gobiernos.

En cuanto a la política exterior, Barcelona es una ocasión para demostrar que la UE es capaz de reflejar una postura autónoma respecto de EE UU, sobre todo después de esa línea unilateralista de la que, cada vez con más frecuencia, está haciendo gala. La UE puede demostrarlo aprobando un texto claro sobre el conflicto de Oriente Próximo que vaya más allá de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo gran mérito es que reconoce por vez primera en este ámbito la conveniencia de un Estado palestino junto al israelí. En Belgrado, míster Pesc demostró ayer que la UE puede tener peso específico al precipitar un acuerdo entre Serbia y Montenegro para que preserven su unión federal. La independencia de Montenegro hubiera puesto en marcha una dinámica infernal. Y ayer, en Bruselas, los Quince llegaron a un compromiso para que en 2006 la media de su ayuda al desarrollo llegue al 0,36% del PIB, lejos del objetivo oficial del 0,7%, pero que supone un pequeño avance, sobre todo para países como España, tan pacatos en este capítulo.

En el plano institucional, el documento preparado por Solana demuestra que se puede reformar el funcionamiento de la Unión sin esperar a un nuevo tratado. Tras la llegada del euro a 300 millones de ciudadanos y el lanzamiento de la Convención para preparar una nueva reforma de la UE, Barcelona no puede acabar siendo una cumbre retórica. Si no, será un fracaso.