Los expertos de la UE afirman que se carece de pruebas que vinculen el cáncer y las antenas
El presidente del grupo de especialistas aconseja que se elabore un mapa de emisiones en España
La comunicación al público de lo que se sabe sobre las emisiones electromagnéticas y su influencia en la salud es un asunto de enorme complejidad que suele exigir a los científicos algo que no pueden dar, la certidumbre, coincidieron ayer en señalar los expertos españoles y extranjeros que presentaron en la sede de la Comisión Europea en Madrid el informe que actualiza los conocimientos sobre este tema y que concluye que no existen pruebas de que las emisiones de las antenas produzcan cáncer en niños o en adultos.
'¿Se puede demostrar que el agua es inocua?', se preguntaba ayer el experto de la Comisión Europea, catedrático de Magnetismo de la Materia y director del Instituto de Magnetismo Aplicado, Antonio Hernando, para concluir que la inocuidad, como la no existencia, es indemostrable y que los que piden que se demuestre la inocuidad de los ubicuos campos electromagnéticos piden algo absurdo. Fuera de las matemáticas, en la realidad, dijo Hernando, 'la única demostración científica es la observación rigurosa de los hechos, nunca definitiva por no ser infinita'.
Es esta observación rigurosa la que ha llevado a los científicos a asegurar que no se han encontrado efectos adversos para la salud de las emisiones artificiales de campos electromagnéticos (la luz solar también produce campos electromagnéticos) cuando se mantienen por debajo de los niveles máximos permitidos. 'No podemos decir que las emisiones de radiofrecuencia son inocuas', insistió el experto de la Comisión Europea, catedrático de Medicina en la Universidad de Valladolid e investigador del CSIC, Juan Represa, 'porque el dogma va en contra de la propia naturaleza de la ciencia, que siempre se cuestiona todo'. Según Represa, actualmente se está produciendo una sobrevaloración del riesgo de las emisiones asociadas a las antenas de telefonía porque la falta de información lleva a los ciudadanos a exigir una respuesta del tipo 'blanco o negro' que los expertos no pueden dar: 'Siempre tenemos que matizar la respuesta', aseguró.
Zonas sensibles
Represa recordó que los niveles vigentes son niveles de seguridad, que permiten garantizar la falta de riesgos para la salud en todos los casos, incluidas las zonas donde existen colegios u hospitales: 'Lo que se debe pedir es que en esas zonas sensibles el control de las emisiones sea más exhaustivo, pero no que las emisiones sean más bajas o que se quiten las antenas, porque los niveles de seguridad son suficientes para cualquiera'.
Varios de los expertos presentes ayer dijeron que si tuvieran hijos en el colegio de Valladolid en el que se han detectado varios casos de cáncer infantil podrían tomar medidas de precaución mientras se aclaraba la situación, pero que sobre todo exigirían un estudio epidemiológico que descartara causas.
Benedetto Terracini, presidente del grupo de expertos que ha hecho la revisión de la información disponible en el mundo por encargo de la Comisión Europea, fue más allá y subrayó que sería deseable que se hiciera un mapa de emisiones en todo el país, que probara que se están cumpliendo los límites establecidos para éstas, límites considerados por todos los expertos presentes ayer como más que suficientes para garantizar que las emisiones de telefonía y telecomunicaciones no presentan riesgo.
Representantes de la patronal de la industria electrónica Aniel, que organizó el acto con apoyo de la Comisión Europea, aseguraron que los límites recomendados por la UE desde 1999 (incorporados como ley en España en 2001) se han cumplido desde que se empezó a desplegar la red de telefonía móvil en España y que además el modelo de red elegido (muchas antenas de poca potencia) es el que permite cumplirlos sin problema. Aniel se mostró dispuesta a colaborar para que se comprobaran las emisiones de todas las antenas y aparatos y se dieran a conocer los datos con transparencia. La ausencia en el acto de representantes de los ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo dejó sin aclarar el mecanismo de vigilancia de las emisiones.
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