España se apoyará en el plan forestal para compensar sus emisiones de efecto invernadero

El Ministerio de Medio Ambiente reunió ayer por primera vez al Consejo Nacional de Bosques para evaluar el Plan Forestal, un documento de referencia que pretende rescatar del olvido la gestión de un sector que ocupa algo más de la mitad del territorio. El Plan Forestal, que propone 150 medidas con un coste de 320.000 millones de euros (53 billones de pesetas) en 30 años, pretende en ese tiempo aumentar un 14% la superficie forestal y elevar de 125 a 250 la cifra de árboles por habitante. Según el Ministerio de Medio Ambiente, este incremento de la masa forestal permitirá descontar, en los próximos 30 años, 60 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.

No está claro todavía el papel que los países firmantes del Protocolo de Kioto van a atribuir a los bosques como sumideros de dióxido de carbono. Los expertos no se han puesto de acuerdo en armonizar una contabilidad equitativa, aplicable a los distintos tipos de bosques de la tierra. Por si acaso, todos los países se apresuran a poner a punto sus inventarios forestales y hacer las cuentas sobre la siguiente cuestión: ¿Qué capacidad de fijación de carbono tienen los bosques?

Porque una vez que se ha abierto la posibilidad de descontar del cupo de emisiones de gases de efecto invernadero el carbono que fijan los bosques en los procesos de fotosíntesis o en sus raíces, las medidas para reducir las emisiones serán menos costosas (España emitió en 1999 más de 380 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de las que un 74%, 281 millones de toneladas, correspondían a dióxido de carbono, según Medio Ambiente).

El Plan Forestal que debatió ayer el Consejo Nacional de Bosques, en su primera reunión desde hace dos años, contempla de forma destacada ese nuevo papel. El plan propone reforestar, en los próximos 30 años, 3,8 millones de nuevas hectáreas (en este momento hay 26 millones de hectáreas de superficie forestal, el 51,9% del territorio nacional) con una capacidad de almacenar casi 60 millones de toneladas de CO2 adicionales, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Todo un capital que España podrá descontarse por sobrepasar los límites de gases de efecto invernadero que le asignó la Unión Europea dentro de la burbuja de los países que la integran (tomando como año base 1990 podía incrementarlos un 15% hasta 2010 y, para 1999, ya había superado el 23,2%).

El bosque en España aporta anualmente más de 680 millones de euros (113.000 millones de pesetas) en producción forestal. Esta valoración monetaria no es muy relevante, pero deja fuera lo que los expertos forestales llaman valor de 'internalización', como la fijación de dióxido de carbono mencionada, que tendrá un valor en el futuro mercado de derechos de emisiones, en el mantenimiento de la biodiversidad y del paisaje, o en el freno al proceso de desertificación.

Este último fenómeno, de gran impacto en los países mediterráneos se presenta con especial gravedad en España. El borrador del plan estima que la pérdida anual de suelo alcanza los 1.156 millones de toneladas, sin contar las islas Canarias.

Los expertos afirman que el límite tolerable de pérdida es de 12 toneladas por hectárea y año. Pues bien, más de 21 millones de hectáreas sufren pérdidas de cubierta vegetal. De ellas 5,9 millones pierden cantidades superiores a las 50 toneladas anuales por hectárea.

Lacra ecológica

La reforestación hidrológico-forestal contribuye a corregir esta lacra ecológica. Con los 3,8 millones de nuevas hectáreas, el suelo español dispondrá de 250 árboles por habitante, casi el doble de los 125 actuales, según el plan forestal.

Ponerlo en marcha costará 320.000 millones de euros (53 billones de pesetas), según los cálculos de ministerio. Este dinero lo administrarán las comunidades autónomas que contarán con ayudas de la Unión Europea y casi nula aportación del Estado, según se han quejado los consejeros autonómicos de Medio Ambiente.

El plan apenas recoge las numerosas ideas aportadas por un informe encargado al economista Ramón Tamames, al que se le han pagado más de 150.000 euros. Sugería, entre otras cosas, la creación de una Agencia Forestal, la provisión de un fondo económico y ventajas fiscales para un sector muy olvidado de la economía. Queda pendiente de elaboración la Ley de Montes, un marco jurídico acorde con la Constitución. La ley vigente es anterior, de cuando no existían las comunidades autónomas.