Pasos al frente al borde del abismo

La política vasca circula casi siempre al filo del precipicio. El Gobierno de Vitoria ha esperado hasta el 31 de diciembre para plantear una propuesta tendente a evitar el escollo principal para la renovación del Concierto Económico, que regula desde 1981 la financiación del autogobierno. Ese obstáculo era la exigencia de representación directa en los órganos de la Unión Europea (UE) que entienden de cuestiones fiscales. El Gobierno central, que en 1997 -cuando Aznar necesitaba el apoyo de los nacionalistas- aceptó el compromiso de 'arbitrar los mecanismos' necesarios para garantizar esa representación, no ha hecho nada por plasmarla en la práctica. El año terminó con otra decisión in extremis: el regreso a la Cámara vasca de la oposición democrática (PP y PSE) tras la vuelta de la no democrática (Batasuna), con la que había coincidido en el bloqueo del Parlamento en respuesta a una cacicada de su presidente. La impresión de conjunto es que se está jugando con fuego.

El lehendakari declaró ayer que su Gobierno rechaza la prórroga del Concierto Económico y que no se sentirá representado por el Ejecutivo español en los consejos de ministros de la UE en lo relativo a esta materia. También anunció que no liquidará al Estado el cupo incluido en los presupuestos, sino una cantidad inferior en más de un 20%. Es su respuesta unilateral a lo que considera injustificada decisión unilateral de prorrogar el Concierto. Sin embargo, ¿qué otra posibilidad había? El Gobierno vasco llevó la negociación a un callejón sin salida al condicionar el acuerdo a que se aceptara su posición respecto a la presencia en la UE.

Es lógico que las comunidades autónomas aspiren a defender sus intereses en las instituciones europeas cuando se discuten cuestiones que afectan a competencias exclusivas suyas o de particular incidencia en su territorio. Sin embargo, no es un problema que afecte sólo a Euskadi, como ayer vino a reconocer Arzalluz al citar la exigencia hecha por Fraga en este mismo sentido en su discurso de fin de año. El argumento del Gobierno es que por afectar (potencialmente) a todas las comunidades, el problema debe abordarse en un marco multilateral, y no entre Vitoria y Madrid.

Aunque esto último pueda resultar discutible, no parece que la negociación del Concierto sea el marco más adecuado para resolver esta cuestión. Así lo han dicho casi todos los expertos. También las patronales vascas, lo que seguramente explica la propuesta de último minuto de cerrar el acuerdo sobre los contenidos económicos del Concierto y aplazar la cuestión europea. Sin embargo, la fórmula planteada por Vitoria no resuelve esta divergencia, pues emplaza al Estado a pactar en seis meses un 'acuerdo bilateral' específico en el ámbito de la comisión mixta. Con todo, no es cierto que suponga un retroceso respecto a las (confusas) posiciones anteriores mantenidas por la delegación vasca: la referencia a los antecedentes de 'otras regiones y länder' parece excluir la pretensión (imposible) de representación directa, al margen de la delegación española. Imposible, porque la UE agrupa a Estados, no a entidades subestatales. Otra cosa es que en los Estados federales o compuestos, como el español, sea preciso articular la forma de participación de esas unidades en la conformación de la voluntad nacional. Y que incluso una de ellas pueda asumir en determinados temas la representación del conjunto.

Pero ello remite a la cuestión de la lealtad institucional. El sistema de Concierto de que disfrutan con gran ventaja comparativa las comunidades vasca y navarra es la principal manifestación de la foralidad, amparada por la Constitución. Esa vía abre posibilidades con las que no cuentan otras comunidades, pero cierra otras. No es posible, a la vez, invocar la foralidad para exigir un trato diferenciado y cuestionar el marco de la misma mediante propuestas autodeterministas y similares. El nacionalismo gobernante en Euskadi tendrá que decidir la vía a seguir, incluyendo la política de alianzas que se deriva de cada opción. Si decide la de la lealtad constitucional, muchos de los obstáculos que hoy parecen insalvables, agrandados por la desconfianza, serán superables. Y tal vez ello permita a la política vasca alejarse por una temporada del abismo.