Seguridad frente al terror y reforma de las economías

El lema 'Más Europa', adoptado por el Gobierno para el semestre de su presidencia de la Unión Europea, debe ser interpretado, ante todo, como el deseo de lograr una Europa más segura y más competitiva. Tras los terribles atentados del 11 de septiembre, la lucha contra el terrorismo ha desplazado, en efecto, como máxima prioridad de la presidencia española a la voluntad de dar un impulso liberalizador a las economías europeas.

En torno a esos dos designios principales se vertebra un conjunto de seis objetivos básicos, cuyo contenido potencial ha ido precisando el presidente del Gobierno, José María Aznar, en sucesivas intervenciones parlamentarias.

- Lucha contra el terrorismo. El semestre arranca en este caso de los grandes resultados alcanzados durante la segunda mitad de 2001: la aceptación por los Quince de una definición común del delito de terrorismo, la aprobación de la orden europea de búsqueda y captura y la elaboración de las listas de organizaciones terroristas y sus cómplices, que encontró el consenso necesario el pasado 27 de diciembre. Lo que el Gobierno español se propone ahora es impulsar la aplicación práctica de ese marco.

El lema 'Más Europa' debe ser entendido como una Europa más segura y más competitiva

Destacan los propósitos concretos de iniciar la negociación de un Tratado de Cooperación Judicial Penal entre la Unión Europea y Estados Unidos, susceptible de agilizar también las entregas trasatlánticas de presuntos terroristas; la reforma legislativa para que sea posible el bloqueo gubernamental de los fondos de grupos terroristas europeos y la constitución de equipos conjuntos de investigación antiterrorista entre policías europeas.

La presidencia española trabajará, además, por abrir nuevos campos a la cooperación judicial y reforzar los ya existentes, aprovechando que Eurojust, la institución para la coordinación de los magistrados europeos, entrará en funcionamiento bajo presidencia española. Una iniciativa concreta es la de iniciar el debate sobre la creación de un Ministerio Fiscal europeo. También se propone mejorar el Convenio de Europol, que coordina las policías europeas, así como que la información antiterrorista fluya más en Europa.

La presidencia española tratará, además, de fomentar los mecanismos comunes de control de las fronteras exteriores de la UE, así como la creación de un Banco Común de visados.

- Introducción del euro. Sin duda, será el acontecimiento más relevante del primer semestre del año próximo, pero poco es lo que puede hacer en torno a él la presidencia española, al margen de reforzar la vigilancia comunitaria sobre lo que ocurra en los distintos países, preparar el primer debate sobre las consecuencias de este cambio histórico, programado para el Consejo Europeo de marzo, en Barcelona, e impulsar iniciativas de emergencia si fueran necesarias. El Gobierno español se muestra plenamente confiado en que la introducción del euro no generará turbulencias económicas, pero insistirá, según anunció Aznar, en que 'el compromiso de todos los Estados miembros con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ser más firme que nunca'.

- Modernización de las economías. José María Aznar ha reiterado que la actual coyuntura internacional desfavorable no debe ser interpretada como dificultad, sino más bien como un acicate para dar un empujón a la llamada Estrategia de Lisboa, que en 1999 lanzó junto a su homólogo británico, Tony Blair, a fin de liberalizar y dotar de mayor flexibilidad a las economías de los países de la UE.

A pesar de las grandes resistencias que encuentra el proceso en países tan importantes como Alemania o Francia, y de que el tercer mentor de la estrategia, el portugués António Guterres, se está retirando de la vida política, la presidencia española ha señalado cinco campos en los que espera avances concretos con ocasión de la cumbre de Barcelona, que pretende dedicar casi íntegramente a este tema: la interconexión y apertura de las redes europeas de transporte, tema que no ha podido ser cerrado por la presidencia belga; la liberalización e interconexión de los mercados de electricidad y gas; la integración de los mercados financieros, que es la única que tiene buenas perspectivas; el desarrollo de un mercado de trabajo más flexible, y el logro de mejoras en la educación de estudiantes y trabajadores europeos. Aznar ha convocado a estos debates a los diez países candidatos a ingresar en la UE en el 2004, más Rumania, Bulgaria y Turquía. Todos ellos participarán por primera vez en una sesión de trabajo comunitaria.

- Ampliación. A España le corresponderá negociar los capítulos tan importantes como el agrícola y el de los fondos regionales, que representan el 80% del presupuesto de la Unión. El Gobierno español considera posible cumplir esta tarea, a condición de que cualquier debate sobre la estructura de esas políticas o de su financiación se aplace hasta después de la ampliación, y siempre que Francia o Alemania, que tienen elecciones próximas, no impidan que los Quince acuerden una posición común que ofrecer a los candidatos en tales materias.

- Política común exterior y de defensa. Aznar considera que los sucesos del 11 de septiembre exigen reforzar la política de seguridad y defensa de la Unión para potenciar la capacidad europea de respuesta a probables crisis internacionales. También se propone reforzar las relaciones con Estados Unidos y con Rusia, a fin de lograr un consenso de la UE con las dos potencias para imponer una solución a la crisis en Oriente Próximo. Otro campo preferente de acción de la Unión bajo la presidencia española será Iberoamérica.

- Debate sobre el futuro de Europa. Durante la presidencia española, hacia el mes de marzo, deberá ponerse en marcha, según los procedimientos ya acordados el pasado mes de diciembre en el Consejo Europeo de Laeken, la convención para el debate sobre el futuro de Europa, que deberá elaborar las propuestas de reforma institucional que se debatirán en la Conferencia Intergubernamental programada para el año 2004. El Gobierno español se distingue por su insistencia en que el diálogo sobre el reparto de competencias debe limitarse a los Estados y la Unión, excluyendo a las regiones.

A esta agenda se han agregado otros tres temas engorrosos que no pudieron ser resueltos por la presidencia belga: la creación de la patente europea, un objetivo que se enmarca en la Estrategia de Lisboa y que encuentra dificultades por la resistencia de los grandes a incluir el español entre los idiomas operativos; el programa Galileo, proyecto europeo de navegación vía satélite, y el reparto de nuevas sedes de agencias europeas, que no pudo acordarse en Laeken. España sigue aspirando a que la Agencia de Control Alimentario se instale en Barcelona.