El impago de la deuda acerca a Argentina a la situación de quiebra

Un día antes del estallido social, el Gobierno argentino envió el proyecto de Presupuesto para 2002. Éste prevé un recorte mínimo de 9.200 millones de dólares (1,7 billones de pesetas), un 19% más de la reducción hecha en las cuentas de 2001. La aprobación del Presupuesto con el ajuste es un requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reanudar la ayuda financiera y, sin ésta, Argentina no podrá pagar su deuda. Ayer ni un solo político argentino se atrevía a decir cómo se romperá el círculo vicioso.

Cavallo se pasó más de la mitad de los nueve meses que estuvo en el cargo poniendo parches

La protesta social que estalló el miércoles en Argentina y que se enardeció más ayer fue el no va más de una política de ajuste tras ajuste del gasto público que fracasó en lograr su principal objetivo: sanear la economía del país. El último acto del ex superministro de Economía Domingo Cavallo fue el envío al Parlamento del Presupuesto de 2002. El proyecto prevé una reducción del gasto de no menos de 9.200 millones de dólares.

Unos 5.200 millones se iban a ahorrar de la disminución de intereses de deuda conseguidos a través del famoso megacanje de títulos que Cavallo puso en marcha hace cuatro meses. El canje consistió en cambiar títulos de deuda argentina con vencimiento a corto plazo por otros a más largo plazo pero más rentables. El plan fue respaldado en su momento por el FMI y por los bancos argentinos, que se quedaron con muchos de esos nuevos títulos.

Los restantes 4.000 millones, que pueden llegar a 6.000, que Cavallo preveía ahorrar al Estado iban a salir, principalmente, de la continuidad de la rebaja del 13% de los salarios públicos y las pensiones y de otras reducciones impopulares.

El peronismo, principal partido opositor a la Alianza gobernante y que controla las dos Cámaras, ya se olía que el nuevo proyecto de presupuesto iba a desencadenar una protesta social masiva. Así que los peronistas, aún antes de que el proyecto llegara al Congreso, se apresuraron a objetarlo. De hecho, el nuevo ajuste ideado por Cavallo unió a los peronistas, ya de por sí casi tan divididos como la Alianza, en contra de Cavallo. La oposición surgió especialmente de los gobernadores peronistas de las tres provincias más importantes de Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Por qué iban a pedir a su gente que se ajustara más el cinturón si ya se había visto que la política económica de Cavallo no funcionaba?

Para los tres gobernadores, como para muchos políticos del propio Gobierno y analistas argentinos y extranjeros, el Presupuesto 2002 sólo era un intento de Cavallo de echar para delante una crisis insostenible. En otras palabras, mantener al país en un círculo vicioso que ya no sólo apretaba a los argentinos, sino que había empezado a ahorcarlos.

Cavallo quería eliminar el déficit argentino, es decir, que no quería que los gastos públicos superaran los ingresos del Estado. El problema era que cada vez que se fijaba un límite al gasto en previsión de unos ingresos, éstos terminaban siendo siempre inferiores. El recorte del gasto, por otra parte, agudizó la recesión económica argentina año tras año. Con la caída de la actividad económica, la gente pagaba menos impuestos o no los pagaba. Fuentes de la Hacienda argentina reconocieron que muchas pequeñas y medianas empresas sólo conseguían mantenerse a flote evadiendo el pago de impuestos.

La recaudación de la Hacienda argentina decreció entre 200 y 300 millones de dólares mensuales en los últimos dos años, pero no sólo por la evasión impositiva, sino también por la ineficiencia del propio sistema de recaudación y por una serie de rebajas y exenciones impositivas que el propio ex ministro Cavallo autorizó a mediados de este año. La mayoría de las grandes empresas argentinas, según las fuentes de Hacienda, disfrutaban de estas exenciones fiscales.

Hace dos semanas, cuando el FMI se negó en redondo a desembolsar un solo dólar más si Argentina no cumplía con sus compromisos de reducción de déficit, Cavallo se echó para atrás y declaró que iba a suspender o eliminar la mitad de esas ventajas totales que suponían para el Estado una merma en sus ingresos de unos 7.000 millones de dólares. Los empresarios inmediatamente saltaron al cuello del ex ministro.

Cavallo se pasó más de la mitad de los nueve meses que estuvo en el cargo poniendo parches a una economía que hacía agua por todos lados. Asumió el cargo con la enemistad de los peronistas, que, a pesar de ello, asintieron en otorgarle superpoderes para poner en marcha sus programas económicos, y no tardó en granjearse la enemistad de los políticos de la Alianza gobernante, la gente y, por último, los empresarios.

Un gran detonante de la revuelta de los últimos días fue también el hecho de que en las 441 páginas del proyecto de presupuesto poco se dice sobre cómo se pensaba eliminar el enorme coste de los cargos públicos no esenciales e incluso parasitarios que existen en muchas dependencias del Estado, tanto en la Administración central como provincial. El mismo FMI advirtió sobre esto al Gobierno argentino antes de negarle el último desembolso.

El problema ahora es reactivar una economía sujeta por el corsé de la paridad uno a uno entre el peso y el dólar. Si se recorta más el gasto para que el FMI reanude la financiación, la protesta social aumentaría, y si no se recorta el gasto, Argentina no podrá pagar una deuda de 155.000 millones de dólares, cinco veces el valor de las exportaciones argentinas. La mayoría de los expertos, entre ellos Standard & Poor's, dan por hecho que el país suspenderá pagos en enero. Otros creen que habrá una devaluación seguida de la quiebra del Estado argentino.