Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Argentina declara el estado de sitio para frenar la violencia en las calles

Los asaltos a supermercados y las protestas en las calles siembran el caos y causan cinco muertos

Buenos Aires
Meses de tensiones sociales y monetarias en Argentina, la tercera economía de América Latina, causaron ayer el estallido social más grave en el país suramericano en los últimos diez años. Centenares de personas se lanzaron al asalto y saqueo de tiendas y supermercados en todo el país, espoleados por la creciente pobreza, las restricciones bancarias, el retraso en el pago de pensiones y salarios públicos y la debilidad política del Gobierno de Fernando de la Rúa. Los enfrentamientos causaron cinco muertos. Para hacer frente a la situación y tras consultar a los jefes militares, el presidente decretó el estado de sitio, que suspende las garantías constitucionales durante un mes.

Centenares de personas se lanzaron al asalto y saqueo de tiendas y supermercados en todo el país, espoleados por la creciente pobreza, las restricciones bancarias, el retraso en el pago de pensiones y salarios públicos y la debilidad política del Gobierno de Fernando de la Rúa. Los enfrentamientos causaron cinco muertos.

Argentina vive desde anoche bajo estado de sitio, después de que el estallido social que se extendió en numerosos puntos del país desbordase por completo al Gobierno. El presidente Fernando de la Rúa firmó la suspensión de las garantías constitucionales en todo el país después de reunirse con los jefes de las Fuerzas Armadas y ante la embestida incontrolada de grupos que saquearon supermercados y comercios de todo tipo, sembrando el pánico, que llegó hasta el centro de Buenos Aires. El Gobierno parece tener las horas contadas ante la temida explosión social, que causó cinco muertos, y la ofensiva de la oposición peronista, que exige la dimisión del Gabinete en bloque y amenaza con forzar la destitución del presidente.

Los pesos pesados del Partido Justicialista (PJ, peronista) Carlos Ruckauf (gobernador de la provincia de Buenos Aires), y Eduardo Duhalde (senador de la misma provincia) se reunieron anoche con representantes del Gobierno para plantear sin ambigüedades las exigencias: o el presidente forma un gabinete de unidad nacional a gusto del peronismo o el principal partido de la oposición pedirá lisa y llanamente ante el pleno del Congreso la destitución de De la Rúa.

El conflicto de poderes entre el Legislativo, en manos de la oposición, y el Ejecutivo es una realidad tal y como quedó de relieve ayer con la derogación parlamentaria de leyes promulgadas en los últimos meses por el Gobierno. La primera de ellas fue la ley de poderes especiales aprobada en marzo pasado, para que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, pudiera actuar, como ha hecho los últimos meses, sin contar con el Congreso. Desde ayer esta ley es historia. La Cámara baja también derogó la disposición que impedía disponer de los salarios ingresados en cuentas bancarias contenida en el reciente decreto de bancarización que congeló parcialmente los depósitos. La actuación arrolladora de la oposición en el Congreso coincidía con la firma del estado de sitio, en aplicación del artículo 23 de la Constitución, ante el grave riesgo que corría la seguridad del Estado.

La medida estuvo acompañada del acuartelamiento de 35.000 efectivos de la policía federal y de otros 40.000 de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión extrema no se había adoptado en Argentina desde que el ex presidente Raúl Alfonsín, del Partido Radical, la decidiese a raíz del estallido social de mayo de 1989, que precipitó su salida anticipada del poder y el ascenso del peronista Carlos Menem.

"Esto es una guerra de argentinos contra argentinos", decía Alfredo Coto, dueño de una cadena de supermercados al frente de sus empleados, atrincherados y armados con palos en el interior de uno de sus establecimientos. En la calle, una muchedumbre enardecida trataba de asaltar el local para saquearlo, como ocurrió ayer en numerosos puntos de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno, claramente desbordado por los acontecimientos, anunció la compra de alimentos por seis millones de pesos (unos 1.100 millones de pesetas), que serán repartidos por el Ejército entre los más necesitados.

Algunas voces reclaman un plan alimentario de urgencia. En Argentina hay hambre. Después de la jornada de ayer nadie puede dudar de ello, más allá de que la delincuencia se mezcló con la desesperación. Los saqueos a supermercados y tiendas que comenzaron el jueves de la semana pasada han llegado a las mismas puertas de la capital, y se extendieron en diversos puntos del cinturón de Buenos Aires.

El caos, los desmanes y la violencia sembraron el terror en ciudades sin ley. Las escenas de desharrapados saliendo en estampida de los locales asaltados con bolsas de alimentos, pedazos de carne, cajas registradoras o prendas de ropa se reprodujeron a lo largo de todo el día. Los dueños de los locales, impotentes, pedían auxilio ante las cámaras de televisión, que siempre llegaron con mayor celeridad que la policía. En algunos casos, guardias de seguridad trataban de arrebatar los productos robados.

En Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires, los dueños de un hipermercado repartieron un camión cargado de alimentos para evitar males mayores. La operación se desarrolló en medio de un desorden descomunal. Terminado el reparto, algunos de los presentes se dirigieron a desvalijar un supermercado. "Estamos recagados de hambre", decía uno de ellos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de diciembre de 2001