El PSOE pide la creación de juzgados especiales en su ley contra la violencia doméstica

Cambios sustantivos en las leyes penales, laborales y educativas, creación de juzgados de igualdad y asuntos familiares y constitución de un fondo de garantía de pago de alimentos, así como la institución -dentro de Presidencia del Gobierno- de una Delegación contra la Violencia de Género son algunas de las medidas que incluye la proposición del PSOE de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. La iniciativa fue presentada ayer por los socialistas en el Congreso de los Diputados, tras dos años de discusión con diversos colectivos concernidos por la lacra de la violencia contra las mujeres.

El alejamiento del agresor, que impida incluso 'la comunicación visual' y las facilidades económicas para que la agredida pueda tener una vida digna son otras de las medidas propuestas.

La responsable de Políticas de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, al presentar esta iniciativa, recordó que este año han sido asesinadas 67 mujeres víctimas de la violencia de género. Ésta sería una ley de bases, ya que serán las comunidades autónomas las que tengan que desarrollarla en su respectivo ámbito.

Educar para la igualdad

'Desde la escuela tiene que inculcarse una educación para la igualdad entre hombres y mujeres, porque la agresión contra las mujeres en el ámbito conyugal se produce por el sentimiento de posesión y de control del agresor sobre su esposa o compañera', dijo Navarro, que recalcó la necesidad de medidas especiales, incluso en aspectos como la publicidad, para que no se asocie el cuerpo de la mujer con un producto publicitario.

Los socialistas consideran imprescindibles cambios en el Código Penal para que la pena de prisión igual o superior a 10 años conlleve la inhabilitación especial para la patria potestad.

En otro orden, la ley propone crear en toda España los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y, sobre todo, poner en marcha centros de emergencia y centros de recuperación integral. Estos últimos proporcionarán atención psicológica, seguimiento legal, apoyo social y educativo.

En la ley propuesta se crean dos nuevos órganos administrativos: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y el Consejo Consultivo. Si la proposición de ley tuviera éxito, llevaría consigo la modificación del reglamento de la ley penitenciaria para que los condenados por delitos de violencia de género reciban un tratamiento específico. Asimismo, desde el Consejo General del Poder Judicial se impartirá formación sobre igualdad y no discriminación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como entre los fiscales, forenses, jueces y magistrados.

A la presentación asistieron, entre otros, Amnistía Internacional, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Mujeres en Red.