España ha destruido 135.000 reses sin hacer el test de las 'vacas locas'

Un año después de que se conociera la primera vaca loca en España, el sistema de vigilancia ha analizado 310.000 reses y ha detectado 73 positivos, según el resultado oficial. Por desgracia, la magnitud real de la epizootia será siempre una incógnita: hasta junio, los ganaderos vendieron 87.500 reses a la Administración para que las destruyera sin analizarlas. Y otras 48.000 vacas murieron en las granjas y fueron incineradas sin tests. Total: 135.500 reses destruidas sin analizar.

Hasta el 30 de junio, el Ministerio de Agricultura aprovechó el margen de tolerancia que le permitía la normativa europea para lograr la destrucción, sin previo análisis, del mayor número posible de vacas en edad de riesgo. El ministro Miguel Arias Cañete reconoció ayer, al presentar sus resultados de la crisis, que hasta esa fecha se destruyeron sin análisis priónicos 87.500 vacas mayores de 30 meses. Este mecanismo de intervención fue estimulado por el Gobierno y subvencionado con un total de 10.787 millones de pesetas.

Agricultura y las administraciones autónomas también se beneficiaron ampliamente de otra posibilidad que la ley les permitía durante la primera mitad del año: la de no analizar las reses que morían en las granjas. Hasta el 30 de junio, España sólo estaba obligada a analizar una muestra de 2.500 de estas vacas (alrededor de un 7% de los cadáveres). Y así lo hizo.

En lo que va de año, y según los datos del ministerio, han muerto en las explotaciones ganaderas 76.000 reses de todas las edades, y de ellas sólo han sido analizadas 28.000 (casi todas, después del 30 de junio, cuando esos tests se hicieron obligatorios). Es decir, que otras 48.000 reses fueron destruidas sin analizar.

Ello no afecta a la seguridad de los productos de vacuno que llegan al mercado, que han sido analizados en todos los casos, pero sí despoja de valor científico a las estadísticas oficiales. Los 73 casos positivos registrados hasta la fecha no son más que una fracción, y seguramente no muy grande, de los casos reales aparecidos en España. Las dos clases de reses hurtadas al cómputo -las mayores de 30 meses y las muertas en la granja- son precisamente las que más positivos hubieran producido de haber sido analizadas en su totalidad.

Hay otras fuentes posibles de maquillaje de las estadísticas. El pasado 4 de octubre, la Plataforma de Veterinarios Oficiales de Galicia denunció que la Xunta había retenido y silenciado, desde marzo hasta octubre, los análisis de 94 vacas sospechosas. Esa plataforma, que agrupa a 370 veterinarios públicos gallegos, realizó una encuesta entre los inspectores de los 18 mataderos autorizados en la comunidad para sacrificar reses adultas y concluyó que las 94 muestras habían salido de esos mataderos hacia el laboratorio oficial de Lugo, pero nunca habían vuelto de allí. Tampoco fueron enviadas al laboratorio de referencia de Zaragoza, dirigido por Juan José Badiola. La Xunta nunca desmintió estas denuncias.

Arias Cañete anunció ayer que el plan contra las vacas locas recibirá el año que viene una financiación de 10.000 millones de pesetas, una cifra muy inferior a los 152.000 millones de este año. El ministro explicó que la cantidad de 2001 ha sido tan abultada por razones 'excepcionales' que no tendrán su reflejo en los presupuestos de 2002: planes de intervención, medidas de apoyo y programas de eliminación de residuos cárnicos. El año que viene, el Estado no financiará la retirada e incineración de esos residuos. Arias tampoco prevé que sean necesarias nuevas intervenciones, ya que, según sus datos, el mercado se ha recuperado.

Dos sindicatos agrarios (COAG y UPA) acusaron ayer al Gobierno de 'lavarse las manos', informa Europa Press. Según estas centrales, el Gobierno comete una grave irresponsabilidad al dar por superada la crisis de las vacas locas, que en realidad es un problema permanente.