El PP promoverá una 'profunda reforma' de la CNMV tras el 'caso Gescartera'

El Partido Popular pretende que la principal conclusión de la Comisión Gescartera sea una 'profunda' reforma de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de sus mecanismos de supervisión de las entidades financieras. El PP considera ahora 'indiscutible' que la CNMV 'lo ha hecho mal en toda la vida de Gescartera', por lo que cree imprescindible reforzar tanto los 'mecanismos de supervisión' como los 'requisitos' que las entidades financieras deben cumplir para operar en Bolsa. La implicación de la ONCE y de diversas instituciones religiosas en el escándalo de Gescartera ha llevado al PP a proponer al Gobierno que ponga límites a las inversiones que pueden hacer las instituciones sin fines de lucro.

'La CNMV lo hizo mal el 16 de abril de 1999, antes de ese día y todos los días que vinieron después hasta la intevención, el 14 de junio de este año'. Esta frase de Vicente Martínez Pujalte, portavoz del PP en la Comisión Gescartera, resume ahora el diagnóstico del partido del Gobierno y, según se apilan los diarios de sesiones, recoge también la principal conclusión de CiU. El análisis de PSOE e IU es mucho más duro y apunta a la connivencia política del PP.

La necesidad de acometer una 'revisión de arriba abajo' de la CNMV es absolutamente compartida por el Gobierno, según fuentes cercanas al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, muy descontento tanto con el funcionamiento del organismo como con la práctica totalidad de los consejeros que él mismo nombró.

El escándalo de Gescartera ha dejado al descubierto las graves discrepancias y las luchas intestinas de poder dentro de la CNMV. Conscientes del error, el PP y el Gobierno apuestan ahora por dar a la institución 'un perfil más técnico y profesional' que tiene como primera muestra el nombramiento de Blas Calzada como sustituto de Pilar Valiente. Admitir este fallo es un apreciable paso adelante respecto a las primeras declaraciones, en agosto en Menorca, del presidente del Gobierno, José María Aznar.

Sin control parlamentario

Ni el PP ni el Gobierno, sin embargo, comparten con la oposición la conveniencia de que los cargos de la CNMV estén sujetos al control parlamentario. Discrepan, asimismo, de la propuesta defendida por el ex presidente, Juan Fernández Armesto, para que la cúpula de la CNMV tenga un perfil similar al del Banco de España, es decir, que su presidente tuviera cierto peso en el nombramiento del vicepresidente y de los consejeros. De momento, el PP y el Gobierno ven mejor que siga funcionado como un órgano colegiado.

Una de las características del funcionamiento de la CNMV que menos ha gustado al PP en la investigación de Gescartera es la 'heterodoxia' con la que se afrontaban los problemas. Armesto defendió esa cualidad como método para adaptarse mejor a un mercado que cambia muy rápidamente.

El grupo mayoritario, sin embargo, entiende que esa heterodoxia explica, por ejemplo, que quien fuera secretario del consejo de la CNMV, Antonio Alonso Ureba, recibiera información de Gescartera, una sociedad bajo investigación, antes incluso que el departamento de Supervisión. La oposición entiende más bien que esa información 'externa' responde al 'puenteo' que Alonso sometía a los responsables de Supervisión en la etapa de David Vives.

La heterodoxia explicaría, para el PP, la fallida convocatoria del consejo extraordinario del 16 de abril de 1999. Los populares tienen claro que ese día 'no hubo una propuesta formal de intervención' aunque sólo sea porque faltó un 'procedimiento' reglado.

Pero lo más grave, para el partido del Gobierno, es que la única solución que encontró finalmente la CNMV para Gescartera, el pasado junio, fue la intervención. El PP ha constatado que en Gescartera y en las otras doce intervenciones anteriores de la CNMV (menos Banesto y por causas muy particulares) la intervención final supuso de hecho el cierre de la empresa, con el quebranto que ello significa. El PP quiere que un elemento clave de su reforma sea precisamente un 'reforzamiento' de los mecanismos de supervisión para que los inspectores de la CNMV puedan 'enderezar' a las empresas de servicios de inversión antes de recurrir a la intervención.

Este mayor control empezaría por elevar 'el listón' de las exigencias para que estas empresas puedan operar en los mercados financieros españoles. Continuaría con un 'reforzamiento' de la supervisión in situ, lo que significa que el PP quiere ampliar la capacidad de los inspectores para averiguar, desde dentro de la empresa, sus fallos. Y concluiría con un sistema de funcionamiento de la CNMV más reglado y sujeto a procedimientos administrativos similares al resto de la Administración.

Un ministro del actual Gobierno subrayó, en esa línea, que la mayoría de sus actuaciones cuentan con informes y avales del abogado del Estado. Algo que no sucede en la CNMV.

Como colofón a esta reforma, el PP ve necesario introducir algún mecanismo de auditoría interna en la CNMV como el que existe en la Agencia Tributaria. Esas auditorías, a juicio del grupo mayoritario, permitirían delimitar responsabilidades si, como en Gescartera, el estallido final del escándalo muestra que durante al menos dos años y medio la luz roja no se encendió o fue, según expresión de CiU, 'aflojada' por alguien.

Junto a la 'profunda reforma' de la CNMV, el PP ha instado al Gobierno a revisar con detalle en qué pueden invertir y en qué no las instituciones sin fines de lucro, sobre todo aquellas que reciben dinero público. Esta reforma tiene, en principio, más posibilidades de consenso que la de la CNMV, aunque sólo sea por el escándalo del cheque de 1.100 millones del Arzobispado de Valladolid y el espectáculo que su ecónomo Enrique Peralta dio en el Congreso.

Además de buscar la fórmula para controlar mejor en qué invierten las instituciones sin fines de lucro, el PP pretende que el Ejecutivo refuerce el control directo sobre la ONCE a través del patronato en el que están presentes tres ministerios: Trabajo y Asuntos Sociales, Interior y Hacienda.