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Hacienda plantea que crezca la aportación del País Vasco al Estado

La 'vicelehendakari' rechaza aumentar el cupo

El alza o mantenimiento de los índices de contribución de la comunidad vasca a la Administración central se plantea como el principal debate en la negociación sobre la renovación del sistema de financiación de Euskadi -el Concierto Económico- entre los Gobiernos central y vasco. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicelehendakari, Idoia Zena Irruzabeitia, abrieron ayer esta negociación. Montoro defendió un aumento de la aportación vasca y Zenarruzabeitia se negó: 'El índice está ajustado'.

La primera reunión entre los Gobiernos central y vasco para renovar el Concierto Económico, la principal ley de la autonomía vasca que le concede capacidad para recaudar los impuestos y cuya vigencia de 20 años caduca el 1 de enero de 2002, reflejó la distensión experimentada en las relaciones entre ambos Ejecutivos tras las elecciones de mayo. Tanto Montoro como Zenarruzabeitia destacaron el tono 'cordial' y la 'disposición al acuerdo' por ambas partes.

No obstante, son dos los problemas que separan a ambos Gobiernos en la negociación, como ayer se puso de relieve en el encuentro celebrado en el Ministerio de Hacienda: la contribución de la comunidad vasca al Estado (el dinero que devuelve a la administración central de todo lo que recauda) y la participación vasca de forma directa en las instituciones europeas para defender su peculiaridad fiscal.

Montoro dejó claro a Zenarruzabeitia que no habrá participación directa de Euskadi en la UE y apuntó, según dijo públicamente el secretario general de Hacienda, Antonio Beteta, que la fórmula que propone el Gobierno central es la participación vasca en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -organismo de cooperación de las autonomías y el Ejecutivo central-en la que se fijará la posición española ante las instituciones europeas.

El Gobierno central también señaló la conveniencia de revisar los mecanismos de cálculo del Cupo -la cantidad con que el Gobierno vasco contribuye a financiar las cargas generales de la administración central en Euskadi- al hilo de la renovación del Concierto Económico y del propio Cupo, cuya vigencia quinquenal también caduca el próximo 1 de enero.

Desde 1981 en que entró en vigor el Concierto Económico, el Gobierno vasco ha pagado al Estado anualmente el 6,24% de lo recaudado por las competencias no asumidas. Ese cupo se calcula a través de una treintena de variables, la principal de ellas, la renta. El Cupo provisional del ejercicio de 2001 es de 174.224 millones.

La opinión del Gobierno central es que la autonomía vasca, debido a su sistema peculiar, está sobrefinanciada en relación con el resto de las comunidades autónomas. Ayer, tanto Montoro como Beteta fueron discretos en esta cuestión y se limitaron a apuntar la conveniencia de revisar el método del cálculo del Cupo.

Zenarruzabeitia admitió, a su vez, que 'se debe estudiar si verdaderamente los vascos pagan, desde un punto de vista global, un precio justo por los servicios e inversiones del Estado en el País Vasco'. Y adelantó la respuesta al señalar que, a tenor de los estudios de que dispone el Gobierno vasco, 'consideramos que el índice de cálculo del Cupo está bien ajustado'.

El argumento básico del Gobierno vasco es que Euskadi ha perdido renta relativa respecto a otras comunidades autónomas en los veinte años de vigencia del Concierto. Zenarruzabeitia cree también que, en la revisión que se haga del Concierto, deben tenerse en cuenta factores nuevos surgidos en los últimos veinte años, como el papel de la Unión Europea, el acuerdo de financiación de las comunidades de régimen común, las implicaciones del pacto de estabilidad y los sistemas de financiación específica para Euskadi en Sanidad -en la que el Gobierno vasco cree que resulta perjudicado- y de la Ertzaintza, donde admite que sale benecificiado. La vicelehendakari defendió también el mantenimiento de la capacidad normativa que le concede el Concierto.

Montoro y Zenarruzabeitia coincidieron en la conveniencia de que el sistema de financiación renovado tenga una vigencia indefinida y no limitada a los veinte años actuales, y se comprometieron a poner en marcha los mecanismos de arbitraje para evitar conflictos sobre normas fiscales ante los tribunales de justicia.

Crearon dos grupos de trabajo -uno sobre el Concierto y otro sobre el Cupo-y acordaron incorporar al próximo encuentro, la próxima semana, a las tres diputaciones generales vascas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de septiembre de 2001